A falta del subsidio federal y estatal suficiente, la máxima casa de estudios todavía está imposibilitada económicamente para garantizar la gratuidad de la educación superior.
Entre una aportación de 10 pesos a la Fundación UABJO, 325 pesos de inscripción, 5 mil pesos de apoyo a servicios educativos y mil 600 pesos por el curso de inducción, Leslie pagó 6 mil 935 para comenzar a estudiar el primer semestre de la licenciatura en cirujano dentista.
En contraste, Lizeth, quien espera el lunes integrarse a las clases presenciales de su tercer semestre en la licenciatura de Administración, pagó esta semana 717 pesos, 317 pesos por concepto de su inscripción y 400 pesos de servicios educativos, una cantidad inferior en comparación de lo requerido como estudiante de nuevo ingreso.
Una vez que las facultades de Medicina, Derecho y Contaduría concluyan este semana con su proceso de inscripción estarán en condiciones de iniciar el próximo lunes con las clases presenciales de su ciclo escolar 2022-2023, lo que significa para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) terminar de despedirse de la modalidad virtual.
Apenas el lunes otras 26 facultades, institutos y escuelas de la UABJO comenzaron con el ciclo escolar 2022-2023, aunque todavía dieron pie a inscribir a estudiantes de nuevo ingreso que no habían completado el proceso de inscripción, como Leslie que consiguió ingresar a la Facultad de Odontología porque espera convertirse en cirujana dental, una de las licenciaturas del área blanca que tienen los costos más altos en cuanto a cuotas.
Son alrededor de mil estudiantes, incluyendo poco más de 3 mil 500 de nuevo ingreso en 32 licenciaturas, quienes cursarán de manera presencial este ciclo escolar, después de dos años en que las actividades se han centrado en su mayoría en la modalidad a distancia, por la determinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evitar contagios de COVID-19.
En abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación Superior para señalar su obligatoriedad e instaurar la gratuidad, por lo que a partir del 2022 deberá existir un fondo federal especial, pero hasta el momento ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la Secretaría de Educación Pública han realizado las gestiones correspondientes.
