Citlalli López
Desde la semana pasada el Registro Civil estableció un cobro adicional para las personas que solicitan la celebración de un matrimonio.
Con un costo de 350 pesos en trámite ordinario y de 500 en extraordinario, la dependencia de gobierno ahora recauda por solicitud de expedición de certificado de registro de deudores alimentarios morosos.
En el formato otorgado por la Unidad Jurídica del Registro Civil se establece que este requisito está sustentado en el artículo 100 fracción II del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
En las tarifas establecidas en su página oficial, se detalla que para poder contraer matrimonio en las oficialías del Registro Civil en un día hábil es de 1 mil 333 pesos, a domicilio 3 mil 125 pesos y a domicilio después de las 15 horas: 3 mil 448 pesos. Si es a domicilio en días inhábiles 4 mil 311 pesos y entre extranjeros y mexicanos 2 mi 666 pesos en oficialías.
A lo que se suma el costo del certificado de registro de deudores alimentarios. Este requisito no representa un impedimento para contraer matrimonio, sino que permite que futuras parejas o cónyuges tengan conocimiento del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones alimentarias para que decidan de forma libre y autónoma por el matrimonio.
“Como es cierre de sexenio, como ya se van, nos parece que este cobro huele a corrupción, son cobros desproporcionados de un acta en 350 pesos y 500 pesos rayan en la obscenidad y más bien el mensaje es de corrupción”, señaló Diana Luz Vázquez, impulsora de las reformas desde la sociedad civil.
La activista consideró incluso que este cobro es una forma de lucrar con la lucha de las madres que lograron la creación del registro público y las consecuentes sanciones.
“Es un abuso, lucrar con la lucha de las madres como lo está haciendo Francisco Javier Silva Contreras, titular del Registro Civil al cobrar 500 pesos por constancia de no deudor”, dijo.
A través de una ficha técnica, el Registro Civil explicó que la Unidad Jurídica del Registro Civil es la que expide los certificados, previo pago de derechos establecidos en la Ley Estatal de Derechos, misma que consta de 2.78 por UMA y que da un total de 299 pesos por Certificado expedido, ya con el impuesto al desarrollo social, esto con fundamento en el artículo 43, fracción XIII de la Ley en mención.
