Luis Ignacio Velásquez
La 65 Legislatura del estado exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), implementen programas de capacitación en materia de derechos humanos, dirigidas a todas las autoridades municipales, con la finalidad de promover el respeto a las creencias religiosas dentro de sus comunidades y así evitar conflictos de intolerancia religiosa que puedan resultar en actos de opresión, discriminación, desplazamiento forzado e incluso, en pérdida de vidas humanas.
La proposición con punto de acuerdo, que fue aprobada como de urgente y obvia resolución, señala que en Oaxaca se han registrado conflictos por intolerancia religiosa donde se ha detectado amenazas, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, imposición de multas, arrestos de más de 24 horas, la negativa de proporcionar servicios indispensables, entre otros, en contra de quienes profesan una religión contraria a la católica.
Señala que incluso, es una de las causa que provocan el desplazamiento forzado de personas, que si bien es cierto ha sido invisibilizado, es una realidad constante en el país y en nuestra entidad.
Subraya que Oaxaca en el 2018 fue una de las entidades donde se presentó el mayor número de casos de desplazamientos forzados por conflictos religiosos, de acuerdo al informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La libertad religiosa
Asevera que casos de intolerancia religiosa se han presentado en comunidades como Sabinillo, Santo Domingo Tonalá; Santiago Teotlasco, Ixtlán de Juárez; el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán; La Palma, Ixtlán de Juárez; San Andrés Yaá, Santa María Yahueche y San Juan Ozolotepec, entre otros.
Añade que, ante ello, la DDHPO sostiene que la libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la adopción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de Dios y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de agresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.
“En esta tesitura, resulta de suma importancia que las instituciones competentes promuevan e implementen programas de sensibilización, educación, y capacitación en materia de derechos humanos, dirigidos a los municipios para promover el respeto a los derechos humanos, sobre todo a la libertad de creencias religiosas dentro de sus comunidades, con la finalidad de evitar conflictos de intolerancia religiosa que puedan resultar en actos de agresión y discriminación”.
