Citlalli López Velázquez
Sin haber asumido el cargo al menos dos presidentas municipales electas de las 43 que asumirán el cargo el próximo 1 de enero de 2022, son víctima de violencia política.
Sin dar a conocer los nombres de los municipios en donde se presenta esta situación -al señalar que ello podría generar mayor violencia- la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), Elizabeth Bautista Velasco indicó que ante este contexto se activaron los protocolos necesarios para que puedan tomar posesión del cargo.
“Tenemos la alarma de que hay mujeres que están siendo violentadas mucho antes que entren al cargo, son ya electas, pero no hay esas condiciones de paz y tranquilidad, por eso las instituciones estamos atentas, en el marco de nuestras funciones de poder apoyarlas”, manifestó.
Dentro de las acciones de violencia referidas, en uno de los casos hay hasta amenazas de muerte tanto a la actora política como a su familia.
Precisó que, si bien el TEEO interviene sólo hasta que se presenta un juicio, en conjunto con otras instancias han dado seguimiento a los casos sin prejuzgar la denuncia de las presidentas electas.
“En el TEEO no prejuzgamos si las mujeres tienen o no la razón, no prejuzgamos, si nos dicen: se me está ejerciendo violencia, como primera acción tenemos que dictar las medidas”, destacó.
Resaltó que sin duda la violencia política contra las mujeres ha ido incrementando en la medida que ha crecido su participación.
“Lamentablemente entre más participación tenemos de las mujeres, por supuesto se ha dado mayor número de casos de violencia política en razón de género. Necesitamos darles el acompañamiento en la medida de nuestras competencias”, apuntó.
Estadísticamente -subrayó- la mayor cantidad de episodios de violencia se da cuando las mujeres ya están ejerciendo el cargo.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, la violencia política contra las mujeres en razón de género es “la acción u omisión que realiza una o más personas en el ámbito político o público, que tenga por objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
