Una vez aprobada las reformas a la Ley de Salud que establecen la gratuidad de productos de higiene menstrual, la activista y defensora de derechos humanos, Atziry Ávila señaló que el siguiente paso es exigir que lo anterior se cumpla.
“El paso que se dio a través de esta iniciativa contribuye a garantizar los derechos de las mujeres, obviamente falta el siguiente paso, que es que se materialice y que no quede en letra muerta”, señaló.
La también integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio, destacó que además de lo anterior debe vigilarse que los productos que se otorguen a las mujeres en los centros de salud y unidades médicas, como lo señala la ley, tengan la calidad que satisfagan las necesidades de las usuarias en las comunidades indígenas y rurales, en donde el acceso a las toallas sanitarias, tampones o copas menstruales es difícil por el costo que les representa.
Las autoridades -agregó- deberán de buscar no sólo las fuentes económicas para adquirir los productos menstruales, sino que además deberán observar que los materiales sean ecológicos, que no sean dañinos para las mujeres, que se distribuyan a todo el territorio oaxaqueño, que tenga un acceso igualitario y no discriminatorio.
“Deben de ser productos idóneos con una perspectiva intercultural, perspectiva de derechos humanos. El hecho de que se coloque el tema de la obligatoriedad de las autoridades de proveer de estos insumos a mujeres y adolescentes, también es un mensaje que señala que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que por lo tanto tenemos que ejercerlo. Debemos sumar las voces para que se operativice lo más pronto posible”, destacó.
Tener acceso gratuito a los productos de higiene menstrual -subrayó- es de suma importancia primero porque es una cuestión de acceso a la salud y a la menstruación digna y por otro porque adquirirlos representa un gasto fuerte para las mujeres.
Según especialistas, una mujer utilizará aproximadamente 13 mil 320 toallas femeninas o tampones durante su vida fértil, con un costo promedio de 2.00 pesos por unidad, lo que representa un costo de 26 mil 400 pesos necesarios para comprarlos.
“Ciertas mujeres pueden quedar marginadas porque no tiene la posibilidad económica para comprar estos productos, haciendo uso de otras acciones menos higiénicas y que pueden impactar negativamente en su derecho a la salud".
Atziry Ávila, Activista.
