El derecho a ser escuchado es uno de los principios que constituyen el debido proceso, como una garantía tanto para las víctimas como para las y los imputados, el cual está sustentado por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José, así como por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los derechos de las partes en los procesos legales.
Al respecto, en entrevista la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado en Tlaxiaco, Martha Catalina Cruz Bautista, explicó que en el caso de las víctimas, éstas tienen la posibilidad de expresarse y ser tomadas en cuenta durante las audiencias, además de estar totalmente informadas del expediente sobre el caso en el que se encuentras involucradas y de las resoluciones del juez o jueza; a contar con asesoría jurídica, a inconformarse sobre las decisiones de las y los jueces, así como a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer la verdad de los casos.
Por su parte, las y los imputados también tienen el derecho a declarar y aportar diversos elementos de prueba que ayuden a esclarecer el delito que se está investigando, a ser considerados y tratados como personas inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria, a inconformarse con las resoluciones de la autoridad judicial, además de contar con una defensa que le brinde asesoría y ayuda durante la audiencia en la que se investiga el probable delito, dijo.
Cruz Bautista, jueza especializada en materia penal, destacó que el acceso a una labor justa y equitativa por parte del juzgador, alejada de la arbitrariedad y el legalismo, también constituye otra de las garantías de las que debe gozar toda persona que se vea involucrada en un proceso legal, la cual evidencia la aplicación del debido proceso en la administración de justicia.
La servidora del Poder Judicial afirmó que la templanza, la justicia y la prudencia son virtudes cardinales que deben regir día a día a las y los juzgadores, y mantener un equilibrio intelectual, físico, psicosocial, emocional y espiritual para poder entender a las víctimas e imputados, es indispensable para lograr garantizar que los derechos de las víctimas e imputados sean validados durante los procedimientos penales.
“Un juez y una jueza deben contar con testimonios de vida muy marcados, anteponiendo la verdad y la vocación de servicio a la sociedad, respetando reglas, formas y normas para la correcta toma de decisiones”, puntualizó.
