Mujeres indígenas desplazadas del desaparecido municipio autónomo de San Juan Copala demandaron al Estado mexicano cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y disponer su retorno a la comunidad, ante el incremento de la violencia en la zona triqui.
En conferencia de prensa, la vocera Reyna Martínez Flores dijo que un gran número de habitantes fueron desalojados en septiembre del 2010 por grupos paramilitares auspiciados por los gobiernos federal y estatal de esa época.
“Hubo graves violaciones a los derechos humanos de un pueblo”, apuntó.
A pesar de esto, expuso que el gobierno estatal ha sido omiso y cómplice, porque no ha castigado con cárcel a los responsables materiales e intelectuales de la violencia.
“El gobierno se ha hecho ciego, sordo y mudo”, asentó.
Además, subrayó que un grupo de los desplazados asentados en Tierra Blanca, Copala, han sufrido agresiones de hombres armados en días recientes.
“No tenemos mayores datos por estar aquí, pero familiares y amigos nos han comentado que ha habido ataques, donde ya ha habido muertos y lo peor de todo, niños lesionados”, agregó.
Por eso, demandó al gobierno estatal su intervención inmediata para alcanzar la paz en la zona, porque existe el riesgo de un incremento de la violencia.
“Queremos también la intervención de organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional para detener la violencia”, añadió.
Martínez Flores dijo que los desplazados de San Juan Copala, establecidos en esta ciudad, no pueden prestar auxilio a quienes sufren violencia en Tierra Blanca, porque no existen condiciones para regresar.
“Desde que salimos en el gobierno de Ulises Ruiz, no hemos podido retornar”, terminó.
