En el ejercicio fiscal 2021 las empresas oaxaqueñas tendrán prioridad en todo lo relacionado con la ejecución de obra pública, proyectos de inversión pública, de adquisiciones, de infraestructura social, así como licitaciones públicas, invitaciones restringidas y directas de carácter estatal, de acuerdo a los artículos transitorios del decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso.
En los mismos se establece que el gobernador del estado favorecerá siempre en primera opción a las empresas locales que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros para llevar a cabo los trabajos, en caso contrario se tomará en consideración a los contratistas foráneos debidamente inscritos en el Padrón de Proveedores.
Además, otro artículo transitorio establece que no podrán otorgarse contratos y proyectos de inversión pública, de adquisiciones, de infraestructura social y de bienes o servicios a empresas que se encuentren en el listado de facturación falsa, domicilios inexistentes, identificados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
El propósito de los artículos incorporados al decreto de Presupuesto de Egresos 2021 es que el presupuesto sea el detonante de la reactivación económica de las empresas oaxaqueñas y, además, que se combata a la corrupción.
De acuerdo a una reserva presentada en la discusión del presupuesto en el pleno del Congreso, se señala que ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 el gobierno estatal debe privilegiar siempre a las empresas locales en los proyectos de inversión pública, adquisiciones y licitaciones.
“Porque las empresas locales pagan sus impuestos aquí, contratan mano de obra del interior del estado, porque sus utilidades y ganancias vuelven a invertirse en la entidad y crean fuentes de empleo y como consecuencia abaten el desempleo".
Asimismo se combate la corrupción al prohibir que las empresas que se encuentran boletinadas por las autoridades fiscales no puedan ser contratadas, para evitar que a empresas fantasmas o factureras se les adjudiquen contratos y posteriormente desaparezcan y se roben los recursos públicos.
