La reforma al Poder Judicial que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la más importantes desde la creación de la Constitución de 1917, porque pone en contacto a la ciudadanía con ministros, magistrados y jueces, pero además atiende a la demanda ciudadana de mejorar la impartición de justicia en el país, afirma la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, al ratificar su apoyo a la propuesta realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
En entrevista exclusiva con Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, subraya que esta propuesta va a poner más en contacto a la ciudadanía con los impartidores de justicia, “por lo que tendrán que informar cuál es su perfil, qué es lo que hacen, cuáles son las sentencias que han dictado, en fin”.
Rechaza que el fondo del asunto sea un conflicto entre el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
“No, el problema tiene su origen desde hace mucho tiempo y a pesar de las propuestas y reformas que se han propuesto no se ha logrado mejorar la impartición de justicia en el país, porque no tenemos una justicia cercana a la gente, porque no tenemos una justicia rápida y expedita, porque no tenemos una justicia que sancione a los que son corruptos, porque no tenemos una justicia que vea por los grupos más vulnerables; debemos tener una justicia que vea por los que menos tienen”.
- ¿La iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador podría lograr esto?
- Yo digo que sí, que es un avance sustantivo. Sí, sí se puede lograr.
- Muchos advierten de la tentación de someter al Poder Judicial al Poder Ejecutivo, ¿se corre este riesgo?
- No, si se concreta la reforma se buscarán los perfiles necesarios para que la ciudadanía los elija y vote por jueces, magistrados, ministros, consejeros, etcétera. Así que quién va a tener el control será la ciudadanía, no va a ser el Poder Ejecutivo y es una forma de comprometer a la ciudadanía para que le dé seguimiento al actuar del Poder Judicial Federal, porque parece muy sencillo, nada más nos quejamos, pero si no comprometemos a la ciudadanía en la búsqueda de las soluciones esto no se va a arreglar, es una responsabilidad compartida; sí, te hacemos tu reforma, pero tú también vas a tener responsabilidad, tú vas a elegir a quienes van a ser jueces y magistrados, si no, vas a establecer los medios para que se les finquen responsabilidades, porque va a haber un tribunal disciplinario que les va exigir responsabilidad.
- La ciudadanía exige terminar con la corrupción en el Poder Judicial...
- Hay una demanda de terminar con la corrupción, pero también hay una demanda de cercanía con la gente, porque no entienden las sentencias, no se conocen los procedimientos que lleva a ellas, entonces hay que tener una nueva forma de comunicación con la ciudadanía para que sepa lo es el Poder Judicial Federal y cómo se llega a las sentencias, ya que nos hemos mantenido, me incluyo yo, muy apartados de la gente, cuando estamos obligados como cualquier servidor público a la transparencia y rendición de cuentas, es decir a informar correctamente nuestras sentencias, la motivación y por qué se fundamentó de esa manera.
- ¿Es posible hacer la reforma en este momento?
- Sí, es que, si no, nunca va a haber un momento, nunca. Esta es la mayor apuesta desde la Constitución de 1917, entonces si esperamos el momento oportuno nunca va a llegar.
La licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y Doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo con Distinción Cum Laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 2009, reafirma que está de acuerdo con la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente López Obrador, porque el país requiere que seas electos los jueces y magistrados, ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los nuevos magistrados de disciplina del Poder Judicial Federal.
Destaca que esta reforma también se aplicará a los jueces locales, entonces es una magna reforma. “Es una decisión soberana de cada estado decidir cómo quiere reformar su Constitución”.
Asevera que la reforma ha sido meditada para evitar que sean designados los que proponen los partidos políticos, para que ahora no sea más que el pueblo, la soberanía, el que haga las propuestas a través de su voto. “Las propuestas están direccionadas para que vengan 10 de la presidencia de la República, 5 del Senado de la República, 5 de la Cámara de Diputados y 10 del Poder Judicial, en estas propuestas lo que va a ocurrir es que va a haber una preselección antes de la votación y tengo la seguridad de que van a ser propuestas personas con un perfil adecuado para poder ejercer las funciones de ministros, jueces, consejeros, magistrados, de los distintos órganos”.
Asegura que la reforma judicial también hará la justicia más cercana, más expedita, más rápida, para que los expedientes no se mantengan en el cajón varios meses o años, para lo cual se establecerán plazos y si no, se ocasiona la responsabilidad del ministro, consejero, magistrado o juez. “Esta es otra ventaja de la propuesta en la iniciativa”.
Añade que también se hace una separación del Consejo de la Judicatura con la Suprema Corte, “lo que también aplaudo, porque es una forma de separar la función administrativa no jurisdiccional al consejo que maneja muchos millones de pesos para administrar nada más al Poder Judicial Federal. Seperar la función jurisdiccional con la función administrativa creo que es muy sano y a la suprema corte la deja con lo que debe de ser su función, como tribunal constitucional”.
Además, añade, permitirá establecer la austeridad, lo comparte, porque no es posible que no estén restringidos en sus presupuestos, que los jueces, magistrados y ministro perciban ingresos más que el presidente de la República, “debe disminuirse su salario por debajo del salario del presidente de la República y terminar con todos los gastos superfluos”.
La cuarta mexicana en impartir curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Holanda, comenta que ella propone establecer la mediación obligatoria ante de empezar un juicio formal, porque con ello se reducirían significativamente los asuntos que se tramitan en la vía jurisdiccional.
“Espero que próximamente se vea con más cuidado y se pueda agregar esta propuesta porque ya tenemos una nueva ley de medios de solución de controversias o medios alternativos, pero hace falta reformar el 17 constitucional para incluirlos como un recurso obligatorio en la mayoría de los asuntos de materia familiar, mercantil y hasta penal, etcétera, porque podría resolverse por esta vía, porque no es creado nuevos tribunales como se va a resolver el problema”.
Sobre Loretta Ortiz Ahlf
Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.
Doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo con Distinción Cum Laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 2009.
