En las últimas siete décadas, México ha podido reducir la pobreza, sin embargo, este avance no se ha traducido en un aumento proporcional de la movilidad social de la población.
De acuerdo con el estudio 75 años de pobreza en México: lecciones y retos para la movilidad social, elaborado por el Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la proporción de personas en situación de pobreza cayó del 90 por ciento en 1950 al 35.4 por ciento en 2024, aunque esta reducción no es obra de un solo periodo, sino que se concentró en tres etapas clave donde se combinaron condiciones económicas favorables con decisiones de política pública 1956-1984, con crecimiento con expansión social; 1996-2006, por estabilidad, reformas y programas con énfasis en los grupos de mayor pobreza; 2014-2024, mejora en ingresos laborales y expansión de programas sociales.
Sin embargo, más allá del debate coyuntural, cuando se publican las cifras de pobreza en el país, se genera un debate público que suele adquirir un carácter político, pues mientras algunas voces destacan los avances, otras cuestionan los resultados o enfatizan los retrocesos.
Respecto a la disminución de la pobreza en el periodo 1956-1984, en el análisis se expone que la reducción se debió a un crecimiento económico alto, estable y relativamente incluyente. Adicionalmente, la estabilidad macroeconómica, acompañada de una inflación baja, disciplina fiscal y expansión de la inversión pública permitió un aumento sostenido del ingreso por habitante y generó mejoras en el bienestar.
Para el periodo 1996-2006, México generó estabilidad macroeconómica, control de la inflación y crecimiento económico sostenido. Entre esto, destacan reformas institucionales y programas de política social innovadores, como las transferencias condicionadas, que lograron mejorar diversos indicadores de salud, educación y pobreza extrema
En tanto, de 2014 a-2024, a pesar de un crecimiento económico bajo, este periodo estuvo marcado por una mejora en ingresos laborales, recuperación del empleo y cambios en la regulación laboral, así como expansión del gasto social en programas de cobertura amplia.
A pesar de esto, existen limitaciones estructurales que no se han traducido en un aumento significativo de la movilidad social. Además, el crecimiento económico en México ha sido insuficiente y volátil, lo que restringe la capacidad de generar empleos de calidad y sostener reducciones continuas de la pobreza.
De manera paralela, la inversión pública y privada, así como la productividad, se mantienen por debajo de lo necesario, lo que limita el desarrollo de capacidades productivas y el acceso a oportunidades.
De esta manera, el análisis propone adoptar mejores prácticas históricas y retomar aciertos anteriores, como la estabilidad macroeconómica, la inversión en salud y educación, así como la apertura comercial.
Además, como objetivo explícito de movilidad social, evolucionar hacia un enfoque de igualdad de oportunidades con mecanismos de evaluación específicos.
También, fortalecer la atención desde la primera infancia para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, eliminar la pobreza extrema en la siguiente década, reducir brechas de género para facilitar la participación laboral de las mujeres, clave en el crecimiento, y garantizar una base fiscal sólida y un gasto social dirigido efectivamente a los hogares con más carencias.
