Por La Jornada
Las personas defensoras del medio ambiente no sólo enfrentan amenazas y agresiones directas por su labor, sino que la violencia también se extiende a sus familias, que con frecuencia son blanco de intimidaciones como una forma de presión para frenar su activismo.
Así lo señalaron activistas ambientales durante el conservatorio Personas defensoras del medio ambiente: desafíos para su protección y acceso a derechos. El problema, aseguraron, “no es por uno mismo porque ya le perdimos el miedo a las amenazas, sino por el temor de las acciones en contra de los hijos, padres, hermanos y demás familiares”.
Raquel Flota, activista en Quintana Roo, describió este temor como “el talón de Aquiles” para las personas defensoras de su territorio. Con ello, dijo, ponen un alto, sobre todo cuando se trata de personas que tienen el poder para cumplir tales amenazas para que abandonen la defensa del territorio.
En el marco del día nacional de las personas defensoras del medio ambiente, celebrado este 17 de julio, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indicó que entre los agentes agresores están los gobiernos locales y estatales, el crimen organizado, las empresas privadas, pero también la gente de la comunidad sobre todo cuando la activista es mujer, al predominar los estereotipos de género.
De acuerdo con datos de Cemda, de 2024 a 2025 hubo un aumento de 61.8 por ciento de la violencia contra las mujeres sobre todo basada en el género, al registrarse 89 agresiones por desempeñar su labor ambiental y prevalecer un rol y estigmatización por el hecho de pertenecer al género femenino.
Durante 2025 hubo más de 350 agresiones contra defensores ambientales, de ellas, 44 víctimas fueron indirectas, es decir, personas que no defienden directamente el medio ambiente, pero recibieron alguna afectación por la agresión que sufrieron dentro del contexto de la defensa del territorio.
Entre el tipo de agresiones que sufren los defensores –que documentó Cemda– están la estigmatización, la criminalización, la difamación e intimidación.
Así le sucedió a Berenice Sánchez, integrante de la comunidad San Francisco Magú, estado de México, quien denunció que por defender los bosques y su biodiversidad, fue criminalizada, junto a 80 personas más, y a través de asamblea comunal le fincaron siete delitos, entre ellos de sedición, rebelión, de usurpación de funciones y robo.
La carpeta, dijo, fue desactivada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña su caso. Pero, insistió, “los defensores hemos sufrido hostigamiento, campañas de desprestigio y estigmatización”.
Los activistas afirmaron que “sin la labor de nosotros los defensores del país y del mundo, sería más fácil para las empresas y los gobiernos despojarnos y adueñarse de todo lo que ancestralmente es nuestro”.
