La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) requirió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, redoblar esfuerzos para garantizar un ambiente propicio y seguro a las personas que defienden los derechos humanos en el estado.
El titular del órgano autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo que las autoridades requieren asegurar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, porque sin su trabajo, es imposible construir una sociedad igualitaria, participativa e incluyente.
Expuso que resulta preocupante la persistencia de discursos y narrativas para descalificar y estigmatizar la defensa de derechos humanos, porque polariza la percepción de la sociedad, logrando deslegitimar y crear un ambiente hostil para la comisión de otras agresiones a estas personas.
De este modo, subrayó que las autoridades deben sancionar cualquier acto en contra del libre ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos y con ello, disminuir los altos niveles de impunidad de las agresiones, pues favorece la repetición de tales conductas.
Para esto, propuso que se desarrollen, implementen y fortalezcan acciones, mecanismos, políticas públicas y acciones legislativas para proteger el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y con esto, garantizar su derecho a defender derechos humanos.
“Los defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues les dan voz a grupos históricamente invisibilizados”, asentó.
Amenazas y hostigamiento
De esta manera, destacó que garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales es prioritario, pues con sus acciones de defensa de tierras, aguas, bosques, se enfrentan a una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.
Detalló que la DDHPO ha integrado 58 expedientes relacionados por violaciones a los derechos humanos de personas defensoras en los últimos cinco años, especialmente en contra de la Fiscalía General del Estado con un 44 por ciento, la Secretaría de Seguridad Pública con un 30 por ciento y los ayuntamientos con un 22 por ciento.
Mencionó que las quejas más recurrentes denunciadas por las personas defensoras de derechos humanos son por amenazas y hostigamientos en un 18 por ciento, así como por detenciones arbitrarias en un 32 por ciento y por negativa a cumplir medidas cautelares o por agresiones físicas.
Rodríguez Alamilla dijo que un recurrente identificado es la negativa de acceso al derecho a la justicia, la dilación en las carpetas de investigación por las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto y rechazo a iniciar procesos de investigación o por obstaculización de las investigaciones.
Los señalados
58 expedientes relacionados por violaciones a los derechos humanos de personas defensoras en los últimos 5 años
44% Fiscalía General del Estado
30% Secretaría de Seguridad Pública
22% los ayuntamientos
