La prohibición de castigos corporales y humillantes a niños y adolescentes contribuirá a una crianza positiva, afirmó el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
El ombudsperson dijo que la violencia contra niños y adolescentes representa un problema de dimensiones amplias en México, pues según Unicef, 6 de cada 10 niños y adolescentes en el país han sufrido métodos de disciplina violentos de sus padres, cuidadores o maestros.
“Para el organismo autónomo, desnormalizar la violencia contra niños y adolescentes es fundamental, pues pasa por el acto simbólico y legal de dejar de considerarlos como posesiones de terceras personas y asumirlos como personas plenas de derechos”, asentó.
Reconoció que las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, prohíben el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a padres y tutores.
“Las modificaciones legales efectuadas por las cámaras de Diputados y Senadores, que hacen prohibitivos los castigos corporales y humillantes como pellizcos, mordidas, quemaduras y la ridiculización, contribuyen con el interés superior de la niñez”, agregó.
Detalló que las reformas establecen el derecho de los menores a recibir orientación, atención, educación, cuidado y disciplina de sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia, custodia y crianza, así como de los encargados y personal de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, correctivas o de cualquier otra índole.
Destacó que estas reformas alientan la crianza positiva de niños y adolescentes porque transforman las relaciones de poder desde la familia y favorecen a garantizar su titularidad.
Rodríguez Alamilla resaltó que la prohibición del castigo corporal y otros tratos crueles inhumanos o degradantes requiere también de la educación de quienes se encargan de la crianza.
La DDHPO inició 43 quejas relacionadas con probables violaciones cometidas contra este sector de la población. En 19 expedientes se calificaron 37 conductas violatorias de derechos humanos, de las cuales 5 están relacionadas con los derechos humanos a la integridad y a una vida libre de violencia de niños y adolescentes.
