El Congreso estatal llamó a comparecer al fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, para que informe sobre las medidas y actuaciones que ha desplegado a efecto de cumplir con el dictamen CCPR/C/127/D/2760/2016, aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se estableció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición del joven estudiante de la UNAM, Jesús Israel Moreno Pérez, y en la violación a sus derechos humanos y a los de sus familiares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político.
Así como de la resolución emitida dentro del Juicio para la Protección de Derechos Humanos, radicado bajo el número de expediente 09/2018 por el incumplimiento a la recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Asimismo, solicitó al Fiscal general del estado a que a la brevedad posible se pronuncie respecto a la solicitud hecha por los familiares y el colectivo que acompaña el caso de Moreno Pérez, sobre la declinación de la competencia en favor de la Fiscalía General de la República por lo que hace a la investigación por la desaparición de Jesús Israel, sin que ello implique que la Fiscalía local incumpla con su obligación de iniciar y concluir las investigaciones por los delitos en los que pudieran estar involucrados los servidores públicos estatales en relación a los delitos de destrucción de pruebas y confesiones bajo tortura.
La proposición con punto de acuerdo presentada por la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señala el 4 de julio del 2011 Moreno Pérez viajó de la Ciudad de México a Oaxaca con la finalidad de conocer Monte Albán y Puerto Escondido y que la última comunicación que tuvo con su familia fue el 8 de julio de ese mismo año; avisó a su padre que había llegado a Chacahua.
Añade que el 10 de agosto su padre presentó la denuncia por desaparición de su hijo ante el agente del Ministerio Público de Río Grande, San Pedro Tututepec, por lo que se inició la averiguación previa 176/RG/2011. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado con los responsables de la desaparición del joven universitario.
Manifiesta que el 16 de noviembre del 2016 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca resolvió que en el caso existe violación al debido proceso por la falta de una investigación diligente y exhaustiva del caso, que se vulneró el derecho a la verdad a la víctima y su familia, y que el Fiscal general vulneró el derecho a no sufrir desaparición de todas las personas sujetas a la jurisdicción del estado de Oaxaca.
Destaca que ante el incumplimiento de la recomendación de la defensoría estatal, la Sala Constitucional y Cuarta del Tribunal Superior de Justicia condenaron al fiscal Vasconcelos Méndez a dar cumplimiento parcial a la demanda, lo que no ha hecho hasta hoy.
También subraya que el 29 de noviembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a través del dictamen CCPR/C/127/D/2760/2016 estableció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de Moreno Pérez, sin embargo, a la fecha ha incumplido con su obligaciones internacionales, ignorando el plazo de 180 días otorgado por la ONU para informar sobre los avances.
La fecha
El 4 de julio de 2011 Moreno Pérez viajó de la Ciudad de México a Oaxaca y desapareció.
