A un mes del movimiento feminista “Tendedero de deudores alimentarios” en Oaxaca, un total de 150 morosos han sido denunciados públicamente por incumplir con la responsabilidad que tienen con sus hijos e hijas. Dos de los últimos colgados en el tendedero virtual son un luchador social y el hijo de una funcionaria de gobierno.
En el primer caso se trata de Adolfo Sánchez López, presidente de la Organización para el Bienestar de los Pueblos del Estado de Oaxaca (OBPEO), quien adeuda la pensión para su bebé de ocho meses de edad. El dirigente enfrenta la demanda del expediente 321-2021 ubicado en el juzgado segundo de lo familiar.
Otro es el caso de Daniel García García, quien desde el 2002 dejó de dar pensión para su hija, ahora de 21 años de edad. La denunciante del deudor informó que en distintas ocasiones ha sido amenazada por pedir el cumplimiento del acuerdo de divorcio. Las amenazas, señaló, incluso han sido emitidas por parte de Emilia García Guzmán, directora general del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.
Diana Luz Vázquez Ruiz, integrante de Las Constituyentes MX, señaló que todos los días reciben una nueva denuncia de mujeres que se cansaron de la omisión de las autoridades y que en este momento difícil derivado de la pandemia requieren con mayor urgencia que los padres de sus hijos cumplan con su obligación.
“Nosotras iniciamos esto como un ejercicio que el estado no ha querido hacer por falta de voluntad política porque no les preocupan las mujeres ni las infancias. En esta pandemia las más vulneradas han sido las infancias, vulneradas económicamente y desde lo emocional”, señaló.
Destacó que las mujeres que están demandando el pago de pensión alimenticia son quienes en estos momentos enfrentan dificultades económicas para sostener los gastos de alimentación y vestido.
“Las madres independientes están viviendo un proceso bien complicado y están buscando la pensión alimentaria y el reconocimiento de paternidad en esta crisis que nos está afectando a todos y todas, pero en mayor manera a mujeres con estas características”, destacó.
En un ejercicio de un mes -expuso- lo que detectaron es que hay encubrimiento del estado porque hay decenas de deudores y no sólo son los 9 que están en el registro oficial del Registro Civil; en segundo lugar que no hay interés por brindar justicia pronta y expedita; y tercero que son muchas las mujeres viven este otro tipo de violencia económica.
