A ocho años, dos integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), que estaban presos por los asesinatos de los activistas sociales, la mexicana Alberta “Bety” Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, fueron excarcelados recientemente, aparentemente por falta de elementos para ser procesados.
El dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar Esparza Zárate, esposo de una de las víctimas, dijo que la Fiscalía General del Estado al parecer no pudo lograr sentencias condenatorias para los dos detenidos, porque carecían de testigos de cargo.
Expuso que los dos encarcelados fueron sometidos a juicio con los peritajes recabados en su momento y por las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público.
“Por lo que ha pasado, se aprecia que no fueron suficientes para que fueron condenados”, asentó.
Subrayó que los testigos de cargo se han rehusado a declarar, porque el Estado mexicano no ha garantizado su seguridad e integridad física, ante una eventual agresión de los responsables.
“No han querido ir a declarar, ya que no tienen ninguna garantía”, recalcó.
Mencionó que uno de los excarcelados fue visto caminando hace menos de un mes en San Juan Copala, aprovechando la impunidad y la falta de justicia.
“Pareciera que existe un interés de generar un esquema de justicia en algunos casos y en otros no”, apuntó.
Con esto, consideró que los otros cuatro detenidos seguramente obtendrán su libertad en poco tiempo y el crimen de los dos activistas quedará en la total impunidad.
Además, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) mandó a la reserva las dos investigaciones abiertas por el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, y por la existencia de un grupo paramilitar en la zona triqui, también por falta de elementos.
“Todo indica que existen acuerdos políticos para su liberación”, anotó.
