La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Eduardo Pinacho Sánchez, a garantizar la salud y los derechos de la población penitenciaria con apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal, durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
El director general, José Luis Gutiérrez Román, expuso que la propagación del coronavirus, por haber alcanzado niveles alarmantes, significa una amenaza a la capacidad del Estado de proveer con suficiencia los servicios de salud a quienes sufren el padecimiento.
Subrayó que si bien el gobierno mexicano ha decido tomar acciones concretas para minimizar los impactos negativos a la salud, también es necesario garantizar la salud de las personas privadas de libertad en sus centros de reclusión.
Explicó que en México existen al menos 300 instituciones penitenciarias donde se alberga una población total de 202 mil 221 personas privadas de su libertad.
Exhortó a Pinacho Sánchez y demás autoridades jurisdiccionales del país a hacer un efecto útil de la Ley Nacional de Ejecución Penal por contener elementos claves para minimizar los efectos negativos y garantizar la salud de los internos.
Destacó que las autoridades a su cargo deben identificar a aquellas personas en especial estado de vulnerabilidad y potencialmente beneficiarias, para materializar la implementación de estos instrumentos y modificar la forma de cumplimiento de sus penas.
“Quienes tienen necesidades específicas y de mayor vulnerabilidad frente al virus, son las personas de edad avanzada, mujeres con hijos y personas con determinados padecimientos de salud, etc.”, señaló.
Propuso que se contemple la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas y la preliberación por criterios de política penitenciaria.
“Son elementos que contribuirán no sólo a abastecer con suficiencia las necesidades de la población penitenciaria, sino que generará una herramienta para la despresurización de dichos centros de detención”, asentó.
Gutiérrez Román dijo que estas medidas no solamente contribuirían a aminorar la propagación del coronavirus, sino también reafirmarían el compromiso internacional del Estado mexicano de promover la aplicación de medidas no privativas de libertad.
