Después de revisar 22 denuncias presentadas, el jurado del Juicio Popular y Comunitario halló ayer responsable al Estado mexicano de violaciones a derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas con la entrega de las 322 concesiones mineras, y recomendó la cancelación de todas las asignaciones por el incumplimiento de esas disposiciones.
Durante los dos días de audiencias en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña, autoridades municipales y agrarias, así como habitantes de los pueblos indígenas chatino, chontal, cuicateco, ikoots, mixe, mixteco y zapoteco, presentaron evidencias al jurado sobre el desarrollo de 41 proyectos mineros en 52 comunidades, que ejecutan empresas de Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México, sin respetar sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, el derecho al desarrollo propio, el derecho a la identidad cultural y el derecho a la información técnica y culturalmente adecuada, así como, sobre todo, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Los denunciantes también se quejaron de que el Estado mexicano y las compañías mineras implementan los proyectos mineros con engaños y condicionamientos y mediante la criminalización y la represión.
La Trinidad
Uno de los casos más graves que se conoció durante las audiencias, fue el presentado por el presidente por la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), Ignacio Francisco Vásquez Sánchez, por las afectaciones al tejido comunitario que ha causado la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso.
“Exigimos castigo a los culpables de los asesinatos de nuestros compañeros Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez, asesinados durante la lucha”, demandó.
También, pobladores de Magdalena Ocotlán denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la mina La Trinidad, que contaminó el río El Coyote.
“El agua está blanca, pero la compañía minera dice que no pasa nada”, señaló uno de sus representantes.
Ante esto, al dar a conocer su predictamen, en voz de dos de sus integrantes, la defensora comunitaria del pueblo ikoot, Beatriz Gutiérrez Luis y la activista colombiana de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, Jakeline Romero Epiayú, el jurado del Juicio Popular y Comunitario pidió adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva a los pueblos indígenas el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares, así como declarar a Oaxaca como territorio libre de minería.
Además, cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por otorgarse en completa violación a los derechos de los pueblos indígenas y la aprobación de una nueva ley minera que respete sus derechos humanos.
De la misma manera, garantizar a quienes defienden los territorios indígenas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad, y detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de las personas desaparecidas defensoras de su territorio, suspender las órdenes de aprehensión y las amenazas individuales y colectivas.
Así también, la creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a la información oportuna para los pueblos indígenas, sobre los proyectos en sus territorios y bienes comunes, entre otras recomendaciones.
