Las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar de manera diligente las violaciones a defensores de derechos humanos, para combatir la impunidad, aseguró el oficial de incidencia del programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Guillermo Rodríguez García.
Durante la conferencia virtual ‘Hacia un Protocolo de Investigación de Delitos contra Personas Defensoras’, como parte del Acuerdo de Protección en el Estado de Oaxaca, suscrito por la DDHPO, la FGE, la CADH y el Codigo-DH, el especialista sostuvo que las autoridades también deben incluir como primera hipótesis de la investigación la vinculación del delito a las labores de defensa de los derechos humanos y garantizar investigaciones y procesos independientes e imparciales.
Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la importancia de la investigación y sanción de los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas contra personas defensoras.
Resaltó que la impunidad propicia la repetición de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de víctimas y familiares, porque tiene un efecto amedrentador e intimidatorio para obstaculizar la labor de quienes defienden derechos en México y Centroamérica.
A su vez, la coordinadora general del Codigo-DH, Sara Méndez Morales, subrayó que en la conferencia virtual los firmantes del Acuerdo de Protección en el Estado de Oaxaca pudieron recuperar experiencias en el diseño de protocolos de investigación de delitos contra personas defensoras a fin de generar una política integral de protección y así puedan ejercer, de forma libre y segura, sus labores de defensa de los derechos humanos.
Detalló que en el Acuerdo de Protección en el Estado de Oaxaca, las instancias suscribientes se comprometieron a ofrecer la protección más allá de mecanismos o sistemas de protección física cuando las personas defensoras atraviesen situaciones de riesgo.
La activista dijo que esta tarea se desarrollará a partir de la implementación de políticas públicas y medidas encaminadas a respetar sus derechos, prevenir las violaciones a sus derechos, investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables intelectuales y materiales.
