La presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la omisión del gobierno para garantizar el pleno ejercicio del cargo.
En el recurso, Samantha Caballero Melo señaló que la Secretaría de Finanzas mantiene bloqueados los recursos destinados a la realización de obras y pago de servicios públicos en aquel municipio del distrito de Jamiltepec.
“He estado hasta el día de hoy viviendo violencia política. Estamos en una situación difícil porque mi comunidad se encuentra viviendo en las peores condiciones. Los ciudadanos se han tenido que cooperar para pagar los servicios públicos”, declaró.
Para sostener el costo que implica la realización de servicios públicos, mensualmente cada familia tiene que erogar 360 pesos.
Finanzas no entrega recursos
Expuso que la Secretaría de Finanzas ha establecido obstáculos para no entregarles los recursos correspondientes al ramo 28 y 33 que ascienden a aproximadamente 2 millones 712 mil pesos.
El argumento de la dependencia es que hace falta documentación. “Nos piden documentos, los presentamos y siguen pidiendo más documentos”, declaró.
“La Secretaría de Finanzas revictimiza a la presidenta municipal y coadyuva a la violencia en su contra, lo cual impacta directamente en la población, pues a la fecha no se han realizado obras ni avances en beneficio de la comunidad”, indicó en rueda de prensa Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.
En este sentido, hizo un llamado para que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa gire las instrucciones necesarias para que la Secretaría de Finanzas y demás instituciones cesen la violencia política contra la presidenta municipal.
López Sánchez confió en que a través de la controversia constitucional, la SCJN mandate la ministración de los recursos municipales porque -indicó- la Secretaría de Finanzas está reteniendo de manera ilegal las participaciones.
Piden revocación del síndico
A la par de lo anterior, en rueda de prensa acompañada por integrantes del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, anunció que un grupo de ciudadanos de la comunidad presentarán al Congreso del Estado la solicitud de revocación de mandato en contra del síndico Pablo Anica Valentín, por ser quien está obstaculizando el quehacer municipal.
La petición de revocación del mandato va firmada por 500 pobladores, cifra que representa más del número de personas que votaron por Caballero Melo.
Incumplen autoridades
Hasta el momento, las autoridades estatales y municipales han incumplido con las sentencias de los tribunales electorales emitidas a favor de tres mujeres que enfrentan violencia política.
A más de medio año, Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto; Yareli Cariño, síndica de Pinotepa Nacional; Ericka Molina, síndica de Zanatepec, continúan sin poder ejercer su cargo.
Las autoridades sólo dieron un cumplimiento de forma a través de un documento, pero en los hechos han actuado en contra de ellas.
Tipificación de violencia política, sólo en papel
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, el Código Electoral, el Código Penal y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, tipifican como delito la violencia política en Oaxaca y aplicar sanciones a autoridades municipales, que pueden ir desde las penales hasta la revocación del mandato.
