Por denunciar a su jefe de área por el delito de acoso y abuso sexual, Grisel Méndez, trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fue removida de la función que desempeñaba y enfrenta riesgo de perder su plaza de trabajo.
La denunciante además indicó que teme por su integridad física y la de sus hijas ya que personas desconocidas se han presentado en su casa para intimidarla y que desista de sus señalamientos.
El 14 de noviembre de 2018 presentó ante la fiscalía una denuncia en contra de Benito SV, quien se desempeña como Jefe del Área de Recursos Humanos de educación secundaria por haber abusado sexualmente de ella el día 13 de noviembre.
Encubrimiento
Posteriormente presentó una queja ante la DDHPO en contra del mencionado y de Tania Luna Alvarado titular de la unidad por encubrir al presunto agresor.
En tanto, el 17 de noviembre también presentó una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) debido a que le negaron el ingreso a la oficina por las denuncias presentadas.
“Desde que me presenté ya me habían sacado de la lista de asistencia, me habían puesto a disposición pero sin precisar a dónde. Me dejaron a la deriva violentando mis derechos humanos. No me permitieron hacer la entrega de mis bienes inmuebles a mi cargo ni me dejaron sacar mis pertenencias”, declaró.
El argumento bajo el cual le impidieron continuar en la unidad fue porque su plaza es de docente y no de administrativo, función que desempeña después de haber sido asignada así por el IEEPO durante la reestructuración hecha durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
“El hostigamiento sigue, me han seguido en la calle, han ido a tocar a mi domicilio, han ido a colgar documentos con firma y nombre de la maestra Tania de una manera con la que buscan intimidarme. Temo por mi vida y por las de mis hijas, ahora más al hacer esta denuncia pública pero no voy a parar”, señaló.
La carpeta de investigación por abuso y acoso sexual en contra de Benito S V sigue abierta. Los peritajes se hicieron en diciembre y sólo están a la espera de la judicialización.
Por su parte de la DDHPO emitió medidas cautelares y la fiscalía determinó la realización de rondines a su domicilio, pero a pesar de ello continúa el hostigamiento.
