El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) demandó que sean castigados el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y el exsecretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por ser responsables de la represión generalizada del 25 de noviembre de 2006.
La coordinadora general de ese organismo, Sara Méndez Morales, informó que profesores de la Sección 22 del SNTE iniciaron a finales de mayo de ese año diferentes movilizaciones para reclamar demandas relacionadas con sus condiciones laborales, pero el gobierno estatal, lejos de buscar el diálogo y la negociación para resolver el conflicto, el 14 de junio reprimió violentamente su plantón instalado en el zócalo.
Expuso que a partir de esa fecha, en solidaridad con profesores y en abierto repudio a la represión, organizaciones sociales indígenas, campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil, constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Observó que la estrategia gubernamental federal y estatal se orientó hacia una salida represiva.
Subrayó que en estos 14 años, diversos organismos nacionales e internacionales han documentado las violaciones a derechos humanos perpetradas contra la sociedad oaxaqueña, entre tortura, secuestro, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y el encarcelamiento, hasta la creación de fuerzas paramilitares encargados de rondar la ciudad y vigilar a todos aquellos sospechosos de pertenecer al movimiento popular.
Mencionó que la jornada de movilización se mantuvo hasta el 25 de noviembre cuando la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) repelió el cerco ciudadano con gases lacrimógenos.
Destacó que la PFP, con la ayuda de corporaciones policíacas estatales, detuvo a 139 personas que remitieron a los penales de Tanivet y Miahuatlán, para después trasladarlos al penal federal de El Rincón, Nayarit.
Ante esto, demandó castigo a Ruiz Ortiz y Franco Vargas, así como a la exprocuradora general de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza, y al entonces jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, porque muchas de las violaciones cometidas son consideradas crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
