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Activistas indígenas, bajo fuego en Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Redacción

Al menos 90 agresiones sufrieron defensores ambientales en Oaxaca de 1995 a 2015, la mayoría de éstas fueron en contra de indígenas, señala el estudio Defensores Ambientales y Derechos Humanos en México, de la investigadora Lucía Velázquez Hernández.


De acuerdo con la investigación, Puebla es la entidad federativa que le sigue a Oaxaca en número de agresiones a ambientalistas con 67, seguido por Jalisco con 46, además de Guerrero y Chiapas con 34 cada uno.


"20 por ciento de las agresiones pertenece a comunidades indígenas y en esta lucha han sido agredidas 17 mujeres indígenas, actoras clave en los diferentes conflictos ambientales", declaró Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Velázquez Hernández.


A nivel nacional ocurrieron 503 agresiones a defensores ambientales de 1995 a 2015, de los cuales al menos 100 terminaron en asesinatos.


A la investigadora le llamó la atención el caso de los parques eólicos, ya que aunque es publicitado como una alternativa verde para otro tipos de energías, pagando una renta muy baja y generando afectaciones al ecosistema.


"Este es el caso de Juchitán, Oaxaca, por su diversidad de aves. Muchas de las ideas que se venden como energía limpia impactan en la forma de vida de los pueblos originarios, generando desplazados ambientales, agresiones, para poder realizar los megaproyectos de presas, vías de comunicación, etcétera", destacó la investigadora.


Dentro de los casos que se pueden encontrar de agresiones a ambientalistas se puede encontrar la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 4 de enero del 2018 en favor de la istmeña Lucila Bettina Cruz y su núcleo familiar, así como la vida, integridad territorial e identidad cultural de mil 165 indígenas.


Los indígenas zapotecas forman parte del colectivo Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO).


Según la solicitud, se encontrarían en una situación de riesgo, entre otros, por acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la región frente al denominado proyecto Eólica del Sur.

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