El 3 de julio de 1955 las mujeres votaron por primera vez en una elección federal después de varias décadas en búsqueda de ese derecho político concretado constitucionalmente el 17 de octubre de 1953. A 65 años de distancia, del reconocimiento a votar y ser votada, existe una deuda democrática.
En Oaxaca las últimas elecciones de 2018 lograron la presencia paritaria de las mujeres en el ámbito legislativo, mientras que en el nivel municipal sólo se alcanzó el 33.9 por ciento derivado de una larga serie de hechos que constituyeron violencia política como la colocación en candidaturas con baja probabilidad de triunfo, amenazas y la asignación tardía que derivaron en retraso en los inicios de campaña.
Crece representación
Tras el estudio denominado Mujeres Gobernando lo local, Georgina Cárdenas Acosta, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, señala que aun cuando las reformas políticas sobre cuotas género y de paridad han reflejado un incremento de 400 por ciento en la participación de las mujeres en posiciones de gobierno a este nivel entre 2005 a 2017, aún hay pendientes.
La especialista manifestó que en el ámbito municipal tienen una labor de gestión comunitaria importante pues son las primeras en gestionar alumbrado o agua potable, sin embargo se les sigue viendo como una extensión de las labores tradicionales y, en ese mismo sentido, les genera minusvalía. “Las mujeres tienen una amplia participación política, pero poca representación”, señaló.
Protestas de mexicanas sufragionistas, en 1921, la ciudad de México
Ejercer el poder con poder, el reto
Para la activista y consejera local del INE en Oaxaca, Laura Susana Chía, el avance numérico no se ha concretado en una participación real de las mujeres en el acceso al poder. “Las mujeres no sólo necesitan una silla sino el poder para tomar decisiones y eso no ha sucedido porque los hombres mantienen el monopolio. Las mujeres necesitamos acceder a los espacios de poder con poder”.
A pesar de la existencia de leyes y sanciones establecidas para quienes violentan políticamente a las mujeres, ésta “es una ley floja porque no se cumple Lo que falta es el brazo fuerte”.
Violencia política, la constante
Durante los tres últimos años la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió 44 expedientes de quejas presentadas por mujeres ante la violencia política sufrida tanto en el ejercicio del cargo como en el proceso electoral pasado como candidatas.
En 2016 fueron interpuestas seis quejas; en 2017 con una mayor participación de las mujeres como candidatas y ganadora de las contiendas municipales y diputaciones locales, se presentaron 23 quejas ante la defensoría. En 2018 fueron interpuestas otras 13.
Dentro de las primeras causas está la oposición de la autoridad municipal o servidores públicos para que las mujeres puedan desarrollar de manera libre el ejercicio de poder.
Discriminación política
Otra más es la falta de reconocimiento del cargo que ostentan como autoridad municipal, la retención de sus dietas o salarios, el bloqueo a sus actos de gobierno, exclusión e incluso revocación de mandato de manera arbitraria.
“Hemos conocido reiteradamente casos de mujeres que fueron postuladas que obtuvieron el apoyo en los votos, los cargos por los que compitieron, pero a la hora de entrar en funciones se enfrentan a múltiples obstáculos. Todos son violencia política y es inaceptable en un contexto democrático”, destacó el presidente del Consejo Local del INE en Oaxaca, Edgar Humberto Arias.
Presidentas municipales en el país 2002-2017
81 en 2002
92 en 2005
110 en 2007
144 en 2009
163 en 2011
188 en 2013
286 en 2015
350 en 2017
Presidentas municipales en Oaxaca por partido político (Fuente IEEPCO)
12 en 2010
8 en 2013
38 en 2016
52 en 2018
Diputadas locales mayoría relativa y representación proporcional por legislatura
9 en 2007-2010
16 en 2010-2013
16 en 2013-2016
18 en 2016-2018
21 en 2018- 2021
Actualmente Oaxaca es el único estado del país que reconoce en su código penal la violencia política de género como un delito, sin embargo ninguno de los casos denunciados han sido sancionados.
En marzo de 2016 el Gobierno de Oaxaca publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Artículo 401 Bis del Código Penal del estado para señalar que se impondría prisión de dos a seis años y multa de siete mil a quince mil pesos a quien impidiera el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
