Por segundo día, trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) mantuvieron ayer ocupado el edificio de Rectoría de la máxima casa de estudios, como medida de presión para que sea pagado un laudo de aproximadamente 18 millones de pesos dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
De acuerdo con una representante de los manifestantes, Miriam Salomé López Castellanos, la JLCyA ordenó a la institución reconocer la antigüedad y pagar las prestaciones a 39 empleados, porque carecían de certeza jurídica, a pesar de laborar desde el 2015.
Subrayó que un Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito ratificó la resolución de la JLCyA y así quedó firme el laudo, para el reconocimiento de la antigüedad de los 39 trabajadores de entre dos y seis años, a partir de su primera jornada laboral y el pago de prima de antigüedad, permisos económicos y vacaciones, entre otras prestaciones.
Mientras tanto, el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez dijo que si bien, la máxima casa de estudios procedió a hacer el reconocimiento de antigüedad de los 39 trabajadores, no cuenta con los recursos financieros para el pago de 18 millones de pesos, por su difícil situación económica.
Además, aclaró que la UABJO tampoco puede disponer de cuentas de recursos etiquetados para actividades académicas o de infraestructura, porque incurriría en una irresponsabilidad.
Mencionó que la máxima de estudios ha gestionado recursos extraordinarios para atender estos laudos, pero hasta el momento no existen fondos suficientes para esos fines.
Debido a esto, observó que la máxima casa de estudios ha propuesto a los 39 trabajadores universitarios renegociar el pago de los laudos en una etapa, donde la universidad disponga de recursos financieros propios.
“Esperamos sensibilidad de su parte”, indicó.
Además, el rector destacó que el Consejo Universitario aprobó un exhorto a las autoridades laborales, durante su última sesión, para no ejecutar los laudos sobre cuentas de nómina de la máxima casa de estudios, porque no se puede afectar a la totalidad de los trabajadores para atender asuntos individuales.
