Una Misión de Observación Humanitaria (MOH) documentó la falta de coordinación gubernamental y el uso discrecional de la ayuda humanitaria, así como una gran presencia del Ejército Mexicano y de la Policía Federal en los municipios del Istmo de Tehuantepec, donde provocó afectaciones el sismo del 7 de septiembre.
Según un informe, la MOH, integrada por activistas de siete organizaciones de la sociedad civil, hizo labores de reconocimiento en las Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñé, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2, para vigilar que la atención gubernamental se aplique bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional, dispuestos por los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
Dentro de esto, comprobó una falta de coordinación interinstitucional en las zonas de desastre y una actuación tardía, así como una amplia presencia militar y de la Policía Federal.
Además de que la ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente, ya que las necesidades básicas urgentes de los afectados, como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas.
Hostigan a voluntarios
Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y en algunos casos, el acopio ha sido decomisado por las autoridades gubernamentales.
Aparte de esto, los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales, entre estas, las secretarías de Energía y de Turismo, y a la Comisión Nacional Forestal, que no tienen ni la capacidad ni la experiencia para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.
Oportunismo político
Por otra parte, precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y a los partidos políticos.
También, algunas empresas privadas están jugando un papel protagónico en la respuesta, algunas de ellas, en conflictos en algunas de las comunidades por el desarrollo de megaproyectos.
Ante esto, la MOH llamó al gobierno federal a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlos en el centro de los esfuerzos de la atención y la respuesta, priorizando el derecho al agua y a un techo seguro para los afectados.
Así como que la entrega de ayuda humanitaria reconozca las diferentes necesidades de la población sin discriminación alguna, incluyendo a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad y personas de origen indígena.
Brindar medios de vida
Igualmente, proveer a los damnificados de un refugio digno porque podría provocar que la situación se agrave, ya que la temporada de huracanes termina hasta noviembre.
También, que los esfuerzos de reconstrucción deben contemplar la recuperación de los medios de vida y la economía local, ya que los afectados no sólo perdieron sus hogares, sino también sus bienes materiales, sus negocios y sus fuentes de empleo.
La MOH, estuvo integrada por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Tequio Jurídico.
