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Quitan servicios a exautoridades en El Tule

Foto(s): Cortesía
Redacción

Un grupo de pobladores e integrantes del ayuntamiento de Santa María El Tule cavaron zanjas para interrumpir servicios de agua potable y drenaje a familias de exediles acusados de no comprobar el destino de 10 millones de pesos en el trienio anterior.
El pasado domingo 21 de mayo, luego de una asamblea, los habitantes decidieron cerrar locales comerciales también supuestamente propiedad de quien fuera presidente municipal, Rafael Luis Cabrera, del exsíndico Eduardo Vásquez Ortega, y del exregidor de Hacienda, Epifanio Santiago Manuel.


Sin embargo, según informaron familiares de este último, el pasado martes los señalados acudieron a una audiencia al palacio municipal, en donde precisaron que no se han robado ningún dinero y que estaban dispuestos a comparecer.


Los integrantes del Cabildo les pidieron entonces presentarse el próximo domingo 28 de mayo a una nueva asamblea general, donde darían esa información al pueblo.


“En eso quedaron las anteriores autoridades; no son ningunos ladrones y van a dar la cara. Sin embargo, este viernes de manera sorpresiva vinieron a nuestros domicilios a clausurar los servicios”, indicó la esposa del exregidor, quien pidió omitir su nombre.


“Es un reducido grupo que encabezan Edilberto Pablo López y José Santaella, es la supuesta comisión, que alborotó al pueblo, clausuraron locales que rentamos, de manera arbitraria; cuando llegamos a la casa, estaba llena de papeletas de clausuras”, expuso.
 


Daño a clientes


Lamentó los daños que causaron a los locales comerciales que rentan y que ha perjudicado a varios comerciantes que viven del comercio y del turismo en esa localidad, famosa por su milenario ahuehuete.
“Se juntaron unas 30 personas y con lujo de violencia llegaron, con policías uniformados, abrieron hoyos y cancelaron servicios, a pesar de que les dije que ya había un acuerdo con el presidente municipal (Sisenando Méndez Martínez) de acudir el próximo domingo”, expuso.
Llamó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Secretaría General de Gobierno a intervenir a fin de evitar un conflicto de mayores proporciones.

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