El diputado petista César Morales Niño presentó una iniciativa para crear la Ley de Protección para los Denunciantes de Actos de Corrupción en la Administración Pública en el Estado de Oaxaca.
La iniciativa presentada en sesión ordinaria de la 64 Legislatura, señala que se debe comprender que los ciudadanos al divulgar y/o revelar acontecimientos de interés público, lo hacen indudablemente en reproche de los malos funcionarios que se alejan de los principios básicos del servicio público.
Agrega que la información que denuncia la ciudadanía resulta ser una herramienta eficaz en el combate a la corrupción que realizan las democracias más consolidadas.
“No es óbice señalar que, en México, quienes realizan este tipo de acciones valerosas, carecen de protección legal o constitucional y que en la mayoría de las veces si revelan su identidad son objeto de represalias”.
Apunta que a partir de una interpretación convencional, sería posible afirmar que sí están tutelados sus derechos, sin embargo, resulta idóneo el planteamiento de emitir una norma legal en lo particular, para que quienes realicen estas denuncias no sufran represalias.
Expresa que el hecho de no contar con un fuero ciudadano que proteja a toda persona que, por compromiso ético y cívico desee revelar información relativa a actos de corrupción que esté a su alcance, solo propicia condiciones favorables para la ilicitud y el agravio al interés público, es decir: los incentivos son incorrectos.
Manifiesta que no obstante, la falta de mecanismos de protección, la sociedad civil ha realizado denuncias importantes sobre presuntos actos de corrupción, como en los casos de las secretarías de Salud, de las infraestructuras y las comisiones estatal de vivienda, estatal del agua, así como Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
“Ante los probables actos de corrupción que se han denunciado, el Ejecutivo del estado, en su inactiva conducta, solapa o tolera los actos, permitiendo que el rumor se agrande sin dar a la oportunidad a la sociedad civil a conocer la realidad de los actos”.
Afirma que los actos de corrupción no se castigan por dos factores, primero, la sociedad que conoce el hecho ilícito no se siente segura de denunciar; segundo, la ingeniería constitucional y legal creada para tal efecto, Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no actúa de forma oficiosa, no persigue, alentando la ya de por sí creencia de que toda la administración pública presenta coacción o colusión de funcionarios.
Establece que para remediar esta situación es necesario proteger al que, conociendo de dichos actos de corrupción, por valor civil o voluntad propia, denuncia a los funcionarios presuntamente corruptos. “Es necesario crear el fuero ciudadano, una esfera jurídica que garantice protección contra represalias o cualquier ataque que afecte la esfera jurídica y física del denunciante”.
