Legisladoras del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre las que se encuentran Eliza Zepeda y Magaly López, exhortaron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a que se abstenga de realizar acciones intimidatorias en contra de la ciudadana Erika María Rodríguez Rodríguez en la exigencia de sus derechos humanos y a la paridad de género en la selección de las magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
A través de una proposición con punto de acuerdo presentada al Congreso, manifiestan que la ciudadana Rodríguez Rodríguez participó en el proceso de selección para ocupar la vacante de magistratura del TSJ, la cual fue convocada por el titular del Poder Ejecutivo en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Constitución local. Proceso que inició el pasado 22 de marzo del presente año; sin embargo, a pesar de tener la obligación de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de designación, el día 4 de mayo de 2021 el gobernador de forma discrecional designó a dos hombres para ocupar las vacantes en las magistraturas.
Señalan que ante esta situación y en defensa de entre otros derechos, el principio constitucional de la paridad de género la abogada Rodríguez Rodríguez presentó un Juicio de Amparo turnado al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, que concedió la suspensión provisional del acto reclamado, es decir se suspendió en sus funciones a los magistrados nombrados por el gobernador.
Añaden que, no obstante, el consejero jurídico del gobernador presentó un recurso de queja en contra de la suspensión que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien declaró fundado el recurso de queja y, en consecuencia, dejó sin efecto la suspensión provisional.
Subraya que la promovente del Juicio de Amparo se ha enfrentado a la defensa que a toda costa ha sostenido el gobernador del estado para mantener el nombramiento de magistrados que realizó de forma unilateral, solicitando incluso que se le investigue penalmente alegando una ventaja procesal indebida, “pues el titular del Poder Ejecutivo en su carácter de parte procesal solicitó al Juez de Distrito diera vista al Ministerio Público Federal para que se le investigara por la comisión de algún probable hecho delictuoso, acto que se interpreta como una forma de intimidación y persecución, ya que es sabido que incorporar el derecho penal siendo la última ratio, tiene en sí mismo una connotación estratégica de generar un miedo y desaliento de continuar con la defensa de sus derechos”.
Expresan que esto es grave en un contexto en el que históricamente las mujeres han sido privadas históricamente de sus derechos humanos, obligándolas socialmente a callar y no alzar la voz ante los atropellos y violencia estructural de la que han sido objeto.
Las diputadas Eliza Zepeda y Magaly López dicen que aunque parezca irreal, “estamos en una sociedad en la que sigue predominando los estereotipos de género, sigue siendo esta cultura de desigualdad la que impulsa las decisiones de quiénes ocupar los espacios públicos de decisión y con estos actos el mensaje que se envía a las mujeres que reclaman el cumplimiento de sus derechos, es el de una persecución y castigo por alzar la voz”.
