El próximo viernes 28 o sábado 29 de abril, el Congreso del Estado llevará a cabo una sesión extraordinaria para aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción que crearía un nuevo organismo fiscalizador del que los partidos ya se repartieron los espacios.
El plazo establecido en la ley para armonizar la normatividad federal en materia de combate a la corrupción con el sistema jurídico estatal vence el 18 de julio del 2017, sin embargo una vez que las comisiones permanentes han avanzado con la discusión y análisis de las iniciativas de reforma constitucional y legal presentadas por las distintas fracciones parlamentarias, los dictámenes están prácticamente concluidos.
Lo que aún no se termina de definir es si el actual órgano de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado (ASE) desaparecerá para crear un nuevo órgano autónomo fiscalizador, como proponen algunos diputados.
Aunque ya se habla del nuevo reparto de las estructuras del nuevo órgano fiscalizador: dos auditores para la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una para el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una para el Partido Acción Nacional (PAN), pues previsibles todos, ya amarraron la distribución de los nuevos espacios.
