Las cúpulas del sector privado local podrían solicitar a la próxima legislatura estatal la revisión y modificación del marco legal para remover al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, ante lo que llamaron pésimos resultados en su cargo, mismo que asumió con fuertes cuestionamientos de diversas organizaciones sociales, por ser producto de una aparente imposición gubernamental.
Ello fue adelantado ayer por Onésimo Bravo, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), al término de la misa en la Catedral Metropolitana de Oaxaca, que congregó a un amplio número de socios de esa organización, en el marco del Jubileo de la Misericordia.
El titular de la DDHPO, fue designado el nueve de mayo de 2012 con 37 de 42 votos de los diputados de la 61 legislatura local, por un período de siete años, y durante el tiempo que lleva en el cargo, sus actos de autoridad han estado inclinados abiertamente a favor de grupos radicales y violentos, como lo prueba el contenido de su reciente informe sobre el enfrentamiento en Nochixtlán, agregó el empresario restaurantero.
Recordó que el 3 de agosto pasado, Peimbert, empujado por las presiones del sector productivo y no porque en realidad le interese la defensa de la sociedad, nos informó que la DDHPO había emitido medidas cautelares a favor de los derechos humanos de empresarios y más de 3 mil 500 ciudadanos.
En la resolución que el órgano no hizo pública, agregó el dirigente de la Canirac, el ombudsman pedía a los tres niveles de gobierno, desplegar acciones para garantizar condiciones de seguridad pública y de libre tránsito a todos los ciudadanos en las carreteras de la entidad, así como la recuperación del cócalo de la ciudad, invadido por activistas de la Sección 22.
El órgano autónomo resolvió lo anterior a 29 días de que, en un hecho inédito, hombres y mujeres de la sociedad civil, más de mil 500, abonarán con sus firmas la integración de una queja ante la DDHPO, por las violación sistemática a los derechos a la educación, a la salud, a la libre expresión, al empleo, a la seguridad pública, al libre tránsito, a un ambiente sano y a un desarrollo económico y paz social, dijo.
A un mes de la emisión de las medidas cautelares, las autoridades estatales retiraron hasta la madrugada de este domingo a los comerciantes que ocupaban el Zócalo y la Alameda, pero las carpas de los desestabilizadores de la Sección 22 continuaban ayer.
Por último, el presidente de los empresarios restauranteros exigió que a partir de ahora, se proteja al Zócalo mediante filtros policiales en las bocacalles.
