Después de dos días de análisis y deliberación, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) aprobó por unanimidad la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos,
Los representantes de los 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, recibieron el documento normativo del Comité Técnico Asesor que fue encargado de su elaboración, una vez consensado y aprobado por este órgano colegiado.
Una vez aprobada la propuesta del nuevo marco jurídico que garantizará el pleno ejercicio de sus derechos, las y los consejeros definieron la ruta para el proceso de consulta previa, libre e informada, que permitirá recoger las opiniones, propuestas y recomendaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para fortalecer el contenido de la iniciativa.
La propuesta legislativa representa una oportunidad histórica para consolidar los derechos reconocidos en la reforma al artículo dos de la Constitución Política federal y fortalecer el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
La jornada nacional de información permitirá llevar el contenido de la iniciativa, materiales explicativos y la convocatoria a más de 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país, mediante recorridos realizados por servidoras y servidores públicos del INPI en todo el territorio nacional.
Esta etapa busca garantizar a las comunidades contar con información suficiente para participar en el proceso consultivo y deliberar conforme a sus propios sistemas normativos.
La consulta contempla la realización de 82 asambleas regionales entre los meses de agosto y septiembre próximos, así como mesas de trabajo dirigidas a comunidades indígenas residentes, migrantes y afromexicanas, para después sistematizar e incorporar sus resultados al proyecto legislativo a fin de fortalecer su contenido antes de ser presentado ante el Congreso de la Unión.
Durante los trabajos, las consejeras y consejeros del CNPI formularon observaciones y propuestas relacionadas con la organización de las asambleas regionales, los criterios de representación y la participación de pueblos indígenas y afromexicanos en las distintas sedes de consulta.
