La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) demandó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dejar sus estrategias dilatorias y garantizar el cumplimiento de acuerdos de la consulta indígena para la modificación del decreto de veda.
En una videoconferencia, ofrecida con la directora general del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Carmen Santiago Alonso y otros activistas, la secretaría del Comité Local de la Copuda de El Porvenir, San José del Progreso, Josefina Santiago Santiago dijo que la lucha iniciada por las 16 comunidades zapotecas del Valle de Oaxaca hace 15 años, por el reconocimiento del derecho humano al agua y la administración del líquido en sus territorios, ha llegado a un punto decisivo porque están a la espera de un dictamen favorable de la iniciativa presentada ante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el pasado 25 de noviembre de 2020, como fruto de una consulta indígena dispuesta por una autoridad judicial con un proceso de más de cinco años.
Detalló que la redacción de la iniciativa tiene el consenso de las comunidades involucradas y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Subrayó que el consejero adjunto se comprometió a revisar la propuesta de modificación del decreto de veda y dar respuesta en un término de una semana, vencido el pasado día 4, pero hasta el momento no la ha entregado.
Destacó que los representantes de las 16 comunidades en un acto de buena fe y confiando en el compromiso del actual gobierno con los pueblos indígenas, aceptaron el ofrecimiento bajo promesa de no retrasar su respuesta, pues ha emprendido estrategias dilatorias a fin de desgastar el movimiento.
Resaltó que la respuesta sentará un precedente sobre el reconocimiento o no de los derechos territoriales sobre el agua de las comunidades indígenas del país.
Mencionó que la respuesta será un mensaje político para reconocer si realmente el gobierno está dispuesto a cumplir con los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos, sin mencionar el respeto al consentimiento, piedra angular de los procesos de consulta.
Santiago Santiago dijo que las 16 comunidades indígenas zapotecas entregaron al consejero adjunto, un oficio de los titulares de la Semarnat e INPI, María Luisa Albores y Adelfo Regino Montes, así como del coordinador del área jurídica de la Conagua, José Antonio Zamora, donde consideran a la iniciativa como la mayor posibilidad de armonizar las atribuciones del ejecutivo en materia de administración del agua del subsuelo y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos y tutelados por la constitución federal y los tratados internacionales en la materia.
