Que cualquier legislador o funcionario en Oaxaca, e incluso el gobernador; que incurra en malos manejos, corrupción y desvío de recursos pueda ser juzgado, es la idea de un dictamén que la Comisión de Estudios Constitucionales de la 63 Legislatura estatal, encabezada por Eufrosina Cruz Mendoza, firmó este jueves y busca eliminar el fuero.
En Oaxaca, diputados del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento de Regeneración Nacional, avalaron, en el primer periodo de sesiones con la negativa del Partido Revolucionario Institucional, el dictamén para la eliminación del fuero a los funcionarios y servidores públicos de los Tres Poderes del Estado.
Pero en julio el mismo gobernador, Alejandro Murat Hinojosa envió al Congreso local una iniciativa para eliminar el fuero, misma que fue bien recibida por las diferentes fracciones políticas de la Cámara de Diputados local.
Fue el 15 de abril cuando la Comisión de Estudios Constitucionales, presentó ante el Pleno un dictamen sobre la eliminación del juicio de procedencia y la figura del fuero constitucional, "por tratarse de expresiones que transgreden el orden jurídico y propician la desigualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos".
¿Qué sigue?
La firma es la aprobación de reformar la Constitución y eliminar el fuero, ahora este dictamén será discutido por el pleno de la 63 Legislatura y sometido a votación.
De aporbarse la reforma a la Constitución de Oaxaca, cada uno de los servidores públicos podrá ser sujeto de proceso penal en caso de que se le impute o acredite la comisión de algún delito, sin que se requiera la declaración de procedencia.
Aquellos que cometan algún delito y sean denunciados por ello, deberán comparecer sin distinción alguna ante las autoridades competentes y someterse a juicio.
¿Qué es el fuero?
La figura jurídica del fuero es cada vez más criticada debido a que se entiende como sinónimo de impunidad para los servidores públicos.
El fuero fue aplicado originalmente para denominar la protección que los senadores y diputados federales tienen para expresar sus ideas, sus críticas, sin que ello les implique ser reprimidos por algún otro poder.
Posteriormente en la Constitución fue denominado como inmunidad procesal, para dejar el concepto de fuero al ámbito de competencia judicial, dejando al fuero como un privilegio que tienen funcionarios, federales y estatales, para evitar la aplicación de la ley en su contra, modificando incluso leyes.
En México son mil 854 los servidores públicos quienes gozan de esta inmunidad procesal, entre ellos el Presidente de la República, los 500 diputados federales, 128 senadores, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siete Consejeros de la Judicatura Federal y 20 secretarios de Estado.
También, el procurador General de la República; los nueve integrantes del Instituto Federal Electoral , los mil 71 diputados estatales de las 31 entidades, así como sus 31 gobernadores.
