Con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el 16 de junio de 2016, se dio un cambio transcendental en Oaxaca, ya que se fortaleció la función del Juez de Ejecución Penal y se unificaron sus responsabilidades, entre las que toma relevancia la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Al respecto, el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), señaló que con base en el acuerdo 44/2019 del Consejo de la Judicatura, desde finales del año pasado, la institución realizó la redistribución de las y los jueces de Ejecución Penal, para ubicarlos cercanos a los centros de reclusión.
De esta manera, se garantizan los derechos de las personas privadas de la libertad, sin importar si su proceso es del sistema escrito u oral, así como el lugar donde fue sentenciado ya que este juzgador o juzgadora también vigila que se respeten los derechos humanos de quienes visitan a sus familiares que se encuentran cumpliendo una sentencia.
Igualmente, regula el actuar de la autoridad penitenciaria, que los reclusos sean tratados como sujetos de derechos y los representa ante cualquier anomalía o queja que tengan de los servicios y tratos que reciben durante el periodo de reclusión, además de ejecutar las sentencias dictadas por el juez de control y de enjuiciamiento.
Referente nacional
Mencionó que ante el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, el titular del Poder Judicial del Estado, Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez ha estado muy atento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 31 de marzo de este año, en un comunicado instó a los países del continente americano a establecer políticas públicas de liberación, lo cual se ha aplicado en la entidad.
“Es importante realizar acciones en este sentido y procurar el distanciamiento en los centros de reclusión; por ello se ha puesto especial atención, con apego a lo que establecen las leyes nacionales y estatales en la materia” dijo el especialista en el Sistema Penal Acusatorio.
El maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, puntualizó que Oaxaca es referente nacional en la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal al ser uno de los primeros en unificar criterios y procurar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
