“Las leyes anteriores de combate a la corrupción estaban muy amañadas, la verdad, por eso no se podía sancionar a los servidores públicos que cometían faltas graves y, muchos menos, recuperar los recursos del erario; los expedientes caducaban, la contraloría carecía de expedientes para llevar a cabo las investigaciones porque no tenía tantas facultades como ahora, y había prescripciones de tres años, lo que era verdaderamente ridículo”, sostiene la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Ana María Cruz Vasconcelos.
Momentos antes de rendir protesta como titular de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de Combate a la Corrupción, del mismo tribunal, que tiene por responsabilidad resolver los expedientes que le turne la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca sobre faltas graves cometidas por servidores públicos, señala que todo esto hacía que procesalmente se bloquearan los asuntos y, por tanto, no se hiciera justicia.
“Ya se trató de remediar esto, aunque a mí no me satisface todavía cómo está la ley en materia de combate a la corrupción, porque son demasiados los recursos que se podrían posponer para cuando ya está la sentencia y entonces recurrir, para no estar interrumpiendo el juicio con recursos a cada rato”.
La Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, manifiesta que no le temblará la mano para aplicar la ley, como lo han hecho quienes han ocupado el cargo con antelación.
“Yo tengo más de 30 años dentro del servicio público, entonces hay una experiencia ahí que permite darse cuenta de los alcances de las acciones de los servidores públicos; la voluntad de cumplir con la ley obviamente que la tengo y siempre he demostrado que soy la primera que exige a sus subordinados que no cometan actos de corrupción”.
-¿Qué tipo de sanción impone la sala a quienes encuentra responsables de faltas graves en el servicio público?
-La suspensión del cargo, la destitución del servidor público, la inhabilitación y el resarcimiento, sobre todo, del daño causado a la hacienda pública; cuando se derivan delitos se vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para que inicie el procedimiento penal. A las sociedades denominadas fantasmas se pueden aplicar sanciones como embargos, intervenciones, solicitar su disolución o marcarlas en un registro de proveedores. Ahora hay mayor amplitud de sanciones a personas físicas o morales.
-¿Es posible que la sala del Tribunal Administrativo pueda ordenar que se reintegren los recursos desviados al erario?
-Bueno, uno como juzgador impone la sanción resarcitoria o económica, pero es la Secretaría de Finanzas la que tiene que hacer factible esta recuperación y allegarse de todos los medios para poder lograrlo. Además las sanciones ya vienen pensadas para que sean un castigo ejemplar.
-¿Y se va a aplicar?
-Obviamente, ese tribunal procurará siempre, respetado los procedimientos y derechos de las personas, imponer las sanciones que correspondan.
-¿Por qué razón los procesos contra los servidores públicos son tan largos?
- Bueno, cada asunto tiene muchos recursos, que se interponen en todo el proceso judicial. Los servidores públicos, la autoridad, el denunciante o algún particular involucrado tienen derecho a impugnar todos los actos y pruebas, lo que los hace muy litigiosos y se trabaja bajo presión en cuanto a los tiempos establecidos en la ley. Hay muchos recursos de inconformidad, de apelación, de reclamación, entonces pueden traer a uno muy movido.
Llega Magistrada al combate a la corrupción
Ayer el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que preside el magistrado Manuel Velasco Alcántara, designó a la magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos titular de la Sala Unitaria de Primera Instancia Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.
La Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), tiene una trayectoria de más de 30 años en el servicio público y un pleno reconocimiento por su labor profesional, honestidad y eficacia en las tareas que le han sido conferidas.
La abogada oaxaqueña se ha desempeñado como asesora jurídica del gobierno del estado, procuradora del Sistema DIF Oaxaca, directora del Registro Civil, Sindica Municipal de Oaxaca de Juárez y magistrada titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, cargo que desempeño con probidad y honradez hasta su actual designación.
En un breve acto protocolario, el magistrado presidente, Maestro Manuel Velasco Alcántara, anunció la designación de la nueva titular de la sala especializada y le tomó la protesta de ley respectiva.
En las instalaciones del tribunal administrativo, que se ubican en la calle de Hidalgo número 215, con todas las medidas sanitarias establecidas por la pandemia de COVID-19, el magistrado presidente exhortó a la titular de la Sala Unitaria de Primera Instancia Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, a mantener el mejor desempeño en el encargo que el Estado le ha conferido.
