A 10 años de su desplazamiento, indígenas triquis del desaparecido municipio autónomo de San Juan Copala demandaron a los gobiernos federal y estatal su reubicación o el retorno seguro a su comunidad.
En conferencia de prensa, la vocera Reina Martínez Flores dijo que grupos paramilitares auspiciados desde la cúpula del poder político estatal y federal desalojaron a un gran número de habitantes, entre el 17 y 19 de septiembre de 2010.
“Hubo asesinatos, heridos y violaciones a los derechos humanos de un pueblo”, asentó.
Sin embargo, expuso que el gobierno estatal ha actuado con omisión y complicidad porque no ha castigado con cárcel a los responsables materiales e intelectuales de la violencia.
“Las víctimas somos invisibles”, señaló.
Destacó que la administración estatal ha respondido con dádivas, como despensas y recursos económicos, para desviar la atención y dividir más aún a la sensible lucha de los desplazados.
“El gobierno se ha hecho ciego, sordo y mudo ante nuestras demandas y necesidades”, indicó.
Incluso, mencionó que el gobierno estatal los ha llamado vividores y corruptos por incumplir sus obligaciones.
“Han llegado a crear pequeños grupos, unos liderados por impostores y mestizos, que hoy se autonombran desplazados”, anotó.
Destacó que las víctimas han denunciado el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por las comisiones Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su favor.
Por esta razón, subrayó que los desplazados han creado un puente de diálogo directo con el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, para crear las condiciones de retorno a San Juan Copala o, en su caso, la reubicación.
“Desafortunadamente, este tema se ha retrasado por la pandemia, pero en próximos días entablaremos una mesa de seguimiento a las demandas”, finalizó.
