El enfermero del hospital comunitario de Nochixtlán, Juan Nicolás López, y su abogado, ambos presos en el Cereso número 2 de Etla presuntamente por otorgar pruebas de los hechos violentos del 19 de junio pasado, se deslindaron de las organizaciones Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y del Frente Popular Revolucionario (FPR).
A través de una carta, informaron que el dirigente del CIPO-RFM, Miguel Cruz Moreno y los líderes del FPR, no los representan en los casos judiciales que se siguen en su contra, que no están autorizados para llevar su caso, negociar o hablar sobre ellos.
“En el tiempo que hemos estado presos no se han presentado, por lo tanto no hemos hablado con ellos y no saben el proceso legal que llevamos”, dijo.
Ayer, los integrantes del Bloque de Organizaciones Sociales, Independientes y Anticapitalistas, que lideran el CIPO-RFM y el FPR anunciaron una serie de protestas en la capital del estado para exigir solución a sus demandas, entre ellas la liberación de presos políticos.
Posteriormente suspendieron estas actividades, luego que Miguel Cruz anunció que acordaron una mesa de negociación con la Secretaría General de Gobierno en próximos días.
"El Gobierno del Estado ha comprometido su palabra para atender nuestras principales demandas, y en este sentido hemos decidido suspender temporalmente la movilización que teníamos programada en espera de los resultados que arrojen las mismas".
Miguel Cruz precisó que sus demandas son la liberación de presos políticos y un alto al hostigamiento y represión contra los luchadores sociales.
El enfermero Nicolás López está preso desde el pasado siete de octubre de 2016, acusado del delito “resistencia a particulares en agravio de la sociedad”, crimen que no amerita prisión.
Sus familiares y el escritor integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), John Ackerman, sostienen que su reclusión en el penal de Etla se trata de un asunto político, por la aportación de pruebas que hizo a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), respecto al desalojo en el municipio de Asunción Nochixtlán el 19 de junio de este año, por policías federales y estatales que arrojó un saldo oficial de ocho muertos y más de un centenar de heridos.
Nicolás López aseguró que las organizaciones CIPO-RFM y FPR no trabajan en favor del pueblo y que se dedican a lucrar con los presos políticos. “Nos deslindamos, ya que esas organizaciones no trabajan por el pueblo, al contrario, lucran; y desde nuestra experiencia, viven de la lucha social”.
Finalmente, aclaró que los únicos que conocen su caso son el Comité de Víctimas de Nochixtlán, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Asamblea Permanente de Víctimas 2006-2007 y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh Oaxaca).
Frase:
“Esas organizaciones no trabajan por el pueblo, al contrario, lucran; y desde nuestra experiencia, viven de la lucha social”.
