La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó un informe detallado a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) por los brotes de COVID-19 en los centros penitenciarios de Tanivet e Ixcotel.
Hasta el pasado 3 de junio sumaban 13 personas privadas de su libertad contagiadas de COVID-19, de las cuales 7 son del penal de Tanivet y 6 de Ixcotel. Ante estos casos, el 25 de mayo el órgano autónomo abrió el Cuaderno de Antecedentes DDHPO/CA/0218/(24)/OAX/2020.
Ante el riesgo a la salud y vida de quienes son contagiados de COVID-19, el órgano autónomo demandó a la SSP reforzar acciones bajo un enfoque de derecho humanos, “que garanticen la salud, vida digna e integridad personal de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad en los diferentes centros de reclusión estatal”.
Pidió que se implementen medidas que eviten la agudización de contagios al interior de los centros en los cuales se ha confirmado la presencia de personas con COVID-19.
Hasta el pasado 30 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había confirmado 71 casos de COVID-19 entre personas privadas de su libertad y personal que trabaja en estos espacios (todos hombres). Jalisco fue uno de los estados con mayor contagio.
La defensoría indicó que desde la semana pasada fueron dictadas medidas cautelares en favor de las personas privadas de su libertad tanto de Tanivet como Ixcotel para que los infectados puedan recibir atención médica especializada.
En tanto, solicitó a la SSP adquirir insumos necesarios en todos los Centros de Reinserción de la entidad para implementar medidas de prevención para los internos y familiares que acuden a visitarlos, y para el personal de seguridad adscrito a los penales.
De la misma manera, pidieron revisar con perspectiva de género los casos de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en los diferentes penales de Oaxaca para favorecer su preliberación, como medida para abatir los riesgos que implica la pandemia en la población privada de su libertad.
El organismo consideró fundamental que las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como entes garantes de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, garanticen condiciones que hagan favorables el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud.
