El magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia (TSJO), afirmó que a la fecha en esa instancia existen diez casos relacionados con la expulsión, sanción, separación de una persona o familia de su comunidad de origen, donde se advierte de una imposición directa de la asamblea -máxima autoridad de una localidad- y no por alguna persona en especial como el presidente municipal, síndico o consejo de ancianos.
Al señalar que aún no se ha resuelto ninguno de los asuntos, resaltó que hacen falta criterios claros de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poder analizar esta medida de castigo así como las implicaciones de la sanción y de su naturaleza.
Explicó que en este tipo de casos, muchas veces los abogados recurren al amparo pues lo señalan como un acto reclamado de destierro y tanto el juez de Distrito como la Suprema Corte lo han catalogado con ese término, sin hacer un trabajo argumentativo o conceptual de qué se entiende por expulsión o por destierro.
Panel virtual
El también Presidente de la Comisión de Pluralismo Jurídico del TSJO puntualizó que la Sala de Justicia Indígena ha empleado la denominación de separación de la comunidad y desplazamiento interno, en lugar de expulsión o destierro.
El magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar participó en el panel virtual “La separación y expulsión como sanción en comunidades indígenas, un análisis desde México y Colombia”, organizado por Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), moderado por la profesora del departamento de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Tatiana Alfonso Sierra.
Junto con el consultor y asesor del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y pueblos amazónicos de Colombia, Guillermo Padilla Rubiano; la abogada indígena del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada Colombia y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, Ana Ilba Torres Torres; y el abogado litigante y asesor legal de la comunidad Chinanteca de Santiago Progreso, Artemio Hernández Hernández, debatió las implicaciones de la expulsión de indígenas de sus comunidades.
En el caso de Oaxaca, se analizó a detalle el amparo interpuesto ante la SCJN por una familia desplazada de la agencia municipal de Santiago Progreso perteneciente a San Juan Bautista Valle Nacional.
