Cuauhtémoc Salazar Bautista, a través de un escrito presentado en la Secretarìa de Gobernación, solicita a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, intervenir en su caso al estar preso con más de 50 procesos penales como presunto responsable del delito de fraude y robo con violencia por el desfalco que sufrieron ahorradores de la caja de ahorro Azteca de Huajuapan de León.
En un escrito de 11 hojas y recibido el 11 de febrero en las oficinas en la Ciudad de México, expresa la dilación en la justicia, las inconsistencias que se han cometido en el Tribunal Superior de Justicia, además de las suspensiones de las audiencias debido a protestar realizadas por los ahorradores encabezados por la licenciada Edith Santibáñez Bohórquez, representante jurídica de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Señala que también su esposa, Silvia Sánchez Cruz y su hijo, Joaquín Ofir Salazar Sánchez, fueron detenidos en julio del año 2017 y durante un año estuvieron en prisión, logrando su libertad en abril del 2018, ya que varias de las órdenes de aprehensión habían prescrito.
SE QUEMARON LOS PAGARÉS
En el escrito menciona que los pagarés de lo deudores de la caja de ahorro Azteca de Huajuapam de León se quemaron durante el problema político social del año 2006, al estar en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia en la calle de Independencia de la ciudad capital.
En el escrito menciona que fue presidente del Consejo de Administraciòn Corporativo Azteca de Huajuapam de León Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de los años 2004 al 2007.
Pero renunció con los integrantes de su familia porque el artículo 21 de la Ley de Ahorro y Crédito prohibía parentesco entre los miembros del consejo, según el documento notarial 37 mil 460.
Menciona que en el año 2006 inició la subrogación de la caja de ahorro Azteca, la cual se escinde y da origen a la caja de ahorro FinAzteca y por lo cual los documentos (pagarés) se encontraban en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia y que es un monto de 123 millones 529 mil 913.95 pesos, para que un juez legalizara las firmas y pasar los adeudos a la nueva caja.
Pero debido al problema polìtico social, los pagarés de los deudores (entre ellos un magistrado, Ministerios Públicos y otros servidores públicos) se quemaron al incendiarse el edificio y por lo cual fue imposible la recuperación de los créditos que amparaban los títulos de crédito quemados.
Por ello, el 5 de marzo del 2013, la comisiòn instructora del Congreso del Estado emitiò una resolución de procedimiento de responsabilidad administrativa de servidores públicos y en el cual se le debe fincar responsabilidad al Poder Judicial del Estado por causar daños a la cooperativa FinAzteca, señala el documento.
LO ACUSAN DE ROBO CON VIOLENCIA
Al no tener los documentos para cobrar, la caja de ahorro se fue a quiebra y por lo cual empezó el problema de liquidez narró en el documento y fue en el año 2010 cuando inician las averiguaciones previas en contra de los directivos.
El 5 de agosto del 2010, Joaquìn Cuauctèmoc fue privado de su libertad al estar en su despacho en Huajuapam de León y se le inició el primer proceso penal 45/2010 por el delito de robo con violencia por un monto de 32 mil pesos.
De ahí vinieron las órdenes de aprehensión por el delito de fraude que sumaron más de cien.
En el caso del delito de robo, fue absuelto en primera instancia y confirmado por el tribunal de alzada.
En los juzgados de San Pedro Pochutla y Puerto Escondido. el 14 de noviembre del 2014, obtuvo sentencias absolutorias en varios procesos al demostrarse que no se demostrò el cuerpo del delito y otros que habìan prescrito.
En el proceso penal 67/2010 se acumularon otras 103 causas penales.
Pero al juez penal que dictó sentencia absolutoria le iniciaron un instructivo de responsabilidad, ya que supuestamente estaba en otro juzgado cuando dictó la sentencia. A través de un amparo confirmaron la sentencia absolutoria y dejaron sin efecto la sanción al juez el 22 de enero del 2017.
En el juzgado de Puerto Escondido se le iniciaron 19 procesos en una causa penal, pero a travès de un amparo dejò sin efecto los mandatos judiciales. En el mismo juzgado le dictaron ocho sentencias condenatorias, de las cuales tres fueron revocadas en apelaciòn y las otras cinco quedaron sin efecto en amparo directo al no acreditarse el cuerpo del delito.
Precisó que en el año 2015, el agente del Ministerio Público que lleva el caso junto con la dirigente de los ahorradores y jurídica de la sección 22 lo despojaron de dos inmuebles en Huajuapam de León, los cuales logró recuperar y presentò las denuncias penales 1628/HL/2015, 2020/HL/2015 y 3675/HL/2015, pero nunca procedieron en contra de los presuntos responsables acusados de los delitos de despojo y daños.
Pero tambièn el agente del Ministerio Público, al estar perdiendo todos los casos decidió sacar copias certificadas de las averiguaciones previas y las envió a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se querellara por el delito de captaciòn irregular de recursos de la ley General de Instituciones de Crédito.
Del caso se libraron 54 órdenes de aprehensión en los juzgados 6 y 7 de distrito con sedes en Salina Cruz y que se acumularon todos en la causa penal 87/2012, donde presentaron el instrumento notarial 37 460 y por lo cual se dictò libertad a finales del año 2018.
En su peticiòn señala que se debe pagar el dinero que dictaminò el Congreso del Estado a la caja de ahorro FinAzteca S.A. de R.L. y con ello devolver el dinero a los ahorradores.
“No obstante que estoy siendo absuelto, lo correcto es devolver el dinero a las personas afectadas, por tanto, el dinero que me pague el Tribunal Superior de Justicia será destinado para los ahorradores”, precisa en el documento.
El afectado señala que se encuentra privado de su libertad en MIahuatlàn de Porfirio Dìaz desde hace nueve años y espera que se cumpla lo decretado por el Congreso del Estado para pagar a los ahorradores.
