“Los linchamientos públicos están prohibidos por el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país: La Constitución., también la pena de muerte fue proscrita en 2005, igual que en el Código de Justicia Militar y las ejecuciones sumarias extra judiciales, que vienen aparejadas de actos crueles, inhumanos y degradantes, como la tortura, que no debe existir en un mundo moderno”, expresó al abogado, Jesús Matías Hernández.
El catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), dijo que no se puede justificar un linchamiento público, a pesar del hartazgo de la sociedad por el alto índice de violencia e inseguridad.
“La misma Constitución lo prohíbe, y afirma que para esos casos hay tribunales, jueces y leyes para impartir justicia. Un linchamiento es la negación del Derecho y abre la posibilidad de que no haya justicia.
—¿Cuáles son las causas que propician los linchamientos públicos?
—Es la ausencia de la autoridad y la falta de credibilidad y confianza en policías, fiscales y jueces por parte de la sociedad. En algunas regiones han surgido las “policías comunitarias” que no se regulan por la ley, o han surgido grupos llamados de “autodefensa”, que dicen defenderse de grupos delictivos; quieren erradicar la violencia con la violencia, esto genera más inseguridad e injusticias.
Unos "rateros", los otros "delincuentes... ¿y la policía?
También existen en barrios y colonias grupos de “vecinos vigilantes”, que incitan más a la violencia. Inclusive son apologistas del delito, porque se anuncian con mantas o letreros “Ratero te estamos vigilando, no te expongas”, esto es grave porque inducen a la violencia y a la comisión de más delitos.
Entonces, ¿No existe la posibilidad de “autodefenderse” ante un grave riesgo de inseguridad?
--Hay que distinguir que una cosa es el derecho a la auto defensa, como una excepción, regulado no solamente en el derecho interno, sino en el internacional, como es la legítima defensa y que incluso la ley te permite poseer armas para la seguridad, pero es muy distinto a los linchamientos públicos. En la legítima defensa se repele alguna agresión real, pero en los linchamientos públicos no existen reglas, la muchedumbre actúa sin razón, pasando por encima de la dignidad humana.
Agregó que existe la detención ciudadana que tiene rango constitucional, para que una persona detenga al presunto responsable de un delito, pero tendrá que ser puesto ante un agente del Ministerio Público y no lincharlo.
EL ORIGEN
La palabra tiene su origen en el vocablo inglés lynching, al parecer originado a partir del apellido irlandés Lynch. Existen dos teorías al respecto. La primera, que se debe a James Lynch Fitzstephen, alcalde de Galway (Irlanda) en el siglo XV, quien se hizo famoso cuando en 1493 hizo ahorcar a su propio hijo, tras acusarlo del asesinato de un visitante español.
La segunda teoría se refiere a Charles Lynch, juez del estado estadounidense de Virginia en el siglo XVIII, quien en 1780 ordenó la ejecución de una banda de conservadores (tories) sin dar lugar a juicio.
El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución, dispone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su Derecho”.
El Estado de Oaxaca ocupa una intensidad media de 26 a 40 ejecucionesdetrás de los Estados de México, Puebla y Morelos, según los investigadores Raúl Rodríguez e Ilse Velóz de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su obra: Linchamientos Públicos en México.
¿Cuál sería la solución al problema que aqueja a la sociedad y quizá hasta con justa razón?
.- No se le puede pedir a la justicia penal, lo que es un tema de la justicia social, estos problemas se deben de comenzar a resolver con alimentos, oportunidades de empleo, educación, salud, vivienda, etc., también en la justicia debe de haber servidores públicos honestos y eficientes que no combinen el alcohol con el servicio público. Después vendrá la justicia penal, para castigar al culpable y proteger al inocente.
¿Cuál es su opinión que en Oaxaca sean constantes los casos?
.- Que las autoridades han sido rebasadas, que acepten que somos un estado fallido, que existe la Ley del oeste, y lo peor es que se sigue negociando la ley en lo oscurito, también se ve muy mal que la Fiscalía ofrezca “recompensas” para aprender a un presunto responsable, no tiene que dar dinero, su obligación es investigar para esclarecer los hechos, pero no lo hace.
Matías Hernández cuestionó que todo se consiga por presiones y en el caso del agente del Ministerio Público de Tlaxiaco, ya empezaron a presionar para soltar a los detenidos, cuando no se ha reparado el daño de la víctima.
El abogado criticó la actuación de los jueces de control, como en el caso de Gerardo Cajiga, “al concederle la “prisión domiciliaria” en forma discrecional, a pesar de no se cumple con lo dispuesto por el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que solamente
procede a los que tengan más de 70 años de edad o una enfermedad terminal, la ley es clara, pero se ha visto que la ley está por debajo de los intereses económicos o políticos”.
—¿Considera que el estado ha fallado en un tema tan importante como lo es la seguridad pública?
—Es un estado fallido, un estado que ya ha sido rebasado, en seguridad pública se han destinado millones de pesos, pero no se ha visto en donde se hayan invertido, en la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, han llegado personajes improvisados, restauranteros, militares, marinos, personas que desconocen la materia a pesar de que se precien de ser militares o marinos de carrera.
La policía de Oaxaca también adolece de muchas carencias, a pesar de su importancia en el nuevo sistema de justicia, pero desconoce sus reglas, su técnica, los policías carecen de conocimientos, de armamento.
Un estado fallido es el que negocia la ley, el que reclasifica delitos de mayor penalidad por otros, de ridículas sanciones, el estado fallido es en el que los jueces de control conceden “prisión domiciliaria”.
"JUSTICIA CAVERNÍCOLA"
Septiembre del 2017
El agente del Ministerio Público, Alberto Mejía, adscrito a la Fiscalía en Tlaxiaco, fue sacado de la cárcel y paseado desnudo por las principales calles.
23 septiembre 2017
Uuna persona iba a ser linchada en San Juan Teitipac, Tlacolula de Matamoros
29 de septiembre 2017
Cinco personas fueron golpeadas e iban a ser linchadas en Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco
26 de septiembre 2016
El suplente del agente municipal de San Antonio Lalana, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Aristeo Cruz Baños fue asesinado a balazos durante por cuatro sujetos que se hicieron pasar como empleados de Ingenieros Civiles y Asociacos (ICA), pero fueron linchados cuando ya se daban a la fuga.
30 de septiembre del 2016
Enrique Mendoza, fue linchado en Santiago Matatlán, Tlacolula, acusado de un robo.
3 de diciembre del 2016
El empleado de una empresa farmacéutica, acusado de secuestrador, fue sacado de la cárcel municipal de Santa Rita, San Francisco del Mar, Juchitán y colgado en el palacio municipal.
20 de octubre del 2015
Tres comerciantes fueron detenidos e iban a ser linchados en la cárcel municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, al ser acusados de intentar robar a una menor de edad.
18 de febrero 2010
Un grupo de taxistas detuvo a Jordi Alberto Gómez Ortega, acusado de participar en el asalto a un taxista en Salina Cruz, lo golpearon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego.
31 de enero del 2009
La comunidad de Lachixila, del municipio de Santiago Camotlán, del distrito de Villa Alta, mató en la cárcel a los hermanos Elino y Juan.
El 12 de marzo del 2005
En Magdalena Tequisistlán, en la región del Istmo quemaron al policía ministerial Aurelio Blas Vicente
21 de enero 2007
Joel Gallegos Jiménez fue detenido, asesinado y colgado por pobladores de Tierra Blanca perteneciente a San Blas Atempa, Tehuantepec, luego del asalto a pasajeros de autobús.
1995
Tres asaltantes de la tienda Conasupofueron linchados en Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega
17 de febrero 1993
En San Blas Atempa, perteneciente a Tehuantepec, los presuntos homicidas Bernardino Ortega Pintle, José Patatuchi Montalvo y Fausto Altamirano Solís fueron sacados de la cárcel municipal y linchados en San Blas Atempa, después de haber privado de la vida al doctor Gaudencio Salud López.
