En Bahías de Huatulco, Oaxaca, una familia denunció la existencia de un presunto esquema de despojo de propiedades que combina amenazas, violencia, ocupación ilegal de inmuebles y presunta complicidad de actores inmobiliarios irregulares. El caso involucra al investigador del arte zapoteco Miguel Ángel Audiffred Bustamante, excurador del Museo Frissell de Mitla, quien adquirió dos propiedades en el fraccionamiento Conejos desde el año 2004. Con el paso del tiempo, y tras el deterioro de su salud y el abandono de su pareja, su situación de vulnerabilidad habría sido aprovechada por un vecino, quien presuntamente intentó que le cediera el inmueble a cambio de una suma mínima, ejerciendo presión constante para obtenerlo.
De acuerdo con la denuncia de la familia, al no concretarse la cesión, comenzó una etapa de hostigamiento que incluyó denuncias vecinales, destrucción de palapas dentro del predio, así como la presunta promoción en redes sociales de la venta del terreno bardeado, ambos pertenecientes a Miguel Ángel Audiffred. Ante esta situación, sus hijos, que residen en la ciudad de Oaxaca, comenzaron a turnarse para acompañarlo y presentaron al menos cinco denuncias penales contra el vecino señalado por acoso. Sin embargo, el conflicto escaló. El 29 de mayo de 2025, un joven llegó durante la noche al domicilio y presuntamente amenazó de muerte a Cecilia Audiffred, hija del propietario, exigiéndole abandonar la vivienda bajo el argumento de que “ya estaba vendida”. La víctima logró registrar el rostro del agresor mediante cámaras de seguridad y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Bahías de Huatulco.
El hecho más grave ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en la vivienda. Según el testimonio de la víctima, los agresores sometieron a Cecilia Audiffred y preguntaron insistentemente por su padre, a quien buscaban. La sacaron por la fuerza del inmueble a plena luz pública, aprovechando que la barda era baja y la reja se encontraba abierta. Uno de los agresores, el mismo que previamente la había amenazado, la obligó a comportarse “como si fuera su novia” mientras la subían a una camioneta roja estacionada dentro del predio. Durante la huida, la víctima observó desde el vehículo a un vecino dentro del inmueble revisando documentos junto con otra persona identificada como abogado. Ya en el trayecto, fue vendada con cinta canela, aunque debido al sudor la venda no cubrió completamente su visión, lo que le permitió observar parcialmente el recorrido.
El vehículo se detuvo frente a la Marina de Santa Cruz, donde la víctima escuchó que cargaban bultos en la parte trasera de la camioneta. Posteriormente, fue trasladada hacia la zona del río Copalita, donde fue abandonada. Desorientada y sola, logró pedir ayuda a una pareja de adultos mayores, quienes le proporcionaron dinero para abordar un taxi. De inmediato acudió a presentar la denuncia ante la Fiscalía correspondiente.
Posteriormente, cuando la Fiscalía realizó una inspección en el inmueble, encontró a varios hombres trabajando dentro de la propiedad. Estos aseguraron laborar para el ingeniero Forte, otro vecino identificado por la familia. Al ser confrontado, el ingeniero reconoció haber sido contratado para realizar trabajos de remodelación en la casa, aunque se negó a revelar quién lo había contratado. Con el avance del proceso legal para recuperar la posesión del inmueble, la familia descubrió que la vivienda había sido severamente vandalizada: pisos arrancados, muros destruidos, instalaciones eléctricas retiradas de forma violenta y daños en la zona donde la víctima fue sometida durante el secuestro.
La familia sostiene que el caso no es aislado, sino parte de un patrón que se estaría repitiendo en Bahías de Huatulco, donde —según su denuncia— se identifican propietarios vulnerables, especialmente adultos mayores o personas en situación de soledad o enfermedad, para posteriormente ejercer presión psicológica, ocupar los inmuebles y buscar su venta a través de intermediarios o inmobiliarias irregulares. Por ello, exigen la intervención de las autoridades estatales para investigar lo que consideran una red de despojo con características de delincuencia organizada, mientras señalan que este tipo de prácticas se han expandido en una de las zonas turísticas más importantes del estado, generando temor e incertidumbre entre habitantes y propietarios.
