Durante un año los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) ha negado a 20 mil personas su derecho a recibir un frasco mensual de insulina, esa sustancia considerada entre los productos farmacológicos más eficaces del mundo que ayuda a vivir con diabetes.
“Que no hay y que no hay”, es la respuesta reiterada que en los últimos meses ha recibido Carmen Juana Hernández Granados, una mujer que 13 de los 60 años de su vida los ha transitado con una enfermedad que, de manera directa o por complicaciones, en este año ha apagado la vida de 3 mil 215 personas.
Privarse “de muchas cosas”, es la salida que Carmen ha encontrado para que su esposo, también diabético, y ella adquirieran dos frascos al mes, pero hace poco tiempo se han limitado a comprar sólo uno.
“Al mes son como 800 pesos, pero ahorita nada más me aguanto a comprar uno, me privo de muchas cosas para juntar esos centavos, porque yo la verdad no cuento con el recurso”, relata sentada en la sala de espera de la Unidad Especializada en Enfermedades Crónico Degenerativas de los Servicios de Salud de Oaxaca.
La Unidad Especializada en Enfermedades Crónico Degenerativas de los Servicios de Salud de Oaxaca atiende a 240 pacientes, en su mayoría mujeres; la directora Patricia Jarquín González. FOTO: Román Carlos
Los síntomas
Sentir su boca seca y una sed que no se calmaba por más agua que tomara, son los síntomas que a Carmen le advirtieron que había desarrollado diabetes, un padecimiento que no aceptaba en su cuerpo, hasta dos meses después que decidió realizarse exámenes de laboratorio.
“Tenía yo 259 (mg/dl) de azúcar (glucosa en la sangre), estaba yo mal. Con mis estudios fui a ver al médico del Centro de Salud de San Antonio de la Cal, ya me empezaron a dar tratamiento, pero no lo lleva como debe de ser, porque la misma enfermedad le llama a comer cosas que no debe”, y los estragos los resintió nuevamente su cuerpo.
Una de las enfermedades que se desencadenó en Carmen fue la insuficiencia renal en 2013, pero hasta hace cuatro meses pudo dejar de consumir refresco de cola y apenas hace dos cambio su dieta.
Sabe que “es malo” para su salud consumir carbohidratos, pero esos hábitos no son fáciles de retirar. Las pastillas todavía me logran controlar con la retención de líquidos e inyección de insulina, un medicamento que tiene que costear ella misma.
En esa misma situación está Petra Sánchez López, una mujer de 73 años que ha vivido 27 años con diabetes, incluso 18 aún dedicada a planchar y lavar ropa de otras personas.
Hipertensión, una de tantos problemas de salud que conviven con la diabetes.
Desde que su esposo Baldomino murió en 1989, Petra se dispuso a trabajar para educar a sus cinco hijas, “a pesar del cansancio” que la enfermedad genera, “pude trabajar 18 años, ya después la diabetes se aceleró, ya empezaba a marear, a sentirme mal”.
La escasez
El medicamento en tabletas que le ayudaba a controlar el alto nivel de azúcar en su sangre dejó de ser suficiente y era preciso recibir dosis diarias de insulina, pero en los Servicios de Salud desde hace un año ese medicamento escaseó.
“Ahorita se nos terminó. Cada mes nos tienen que surtir”, admite la directora de la Unidad Especializada en Enfermedades Crónico Degenerativas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Patricia Jarquín González.
En Oaxaca, de los 45 mil 231 pacientes con diabetes que reciben tratamiento en unidades médicas y hospitalarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, sólo el 23.6 por ciento está en control metabólico.
El responsable del Programa de Salud del Adulto y el Adulto Mayor de dichos Servicios, Gerardo Francisco Martínez Irirarte, estima que son 20 mil personas que deberían recibir un frasco de insulina cada mes.
Si la dependencia no ha podido comprar en un año 240 mil frascos de insulina, es por la falta de financiamiento del Seguro Popular (Sistema de Protección Social en Salud), y el director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Antonio Tovar González, no desmiente ni acepta dar una explicación al respecto.
En una entidad donde la diabetes aqueja más a quienes viven en la precariedad, negarles su derecho a recibir un medicamento que es parte de un tratamiento, los condena a una muerte segura y evidencia las deficiencias de un sistema obligado a garantizar la salud de la población.
