Tras dos años de ser detenida, Isabel S.S., fue condenada a la pena de 22 años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual por prostitución ajena agravado en perjuicio de una adolescente, que resultó ser su hija y contaba con 12 años de edad.
La Fiscalía General del Estado informó que tras reunir las pruebas y el testimonio de la víctima logró que el juez del tribunal de enjuiciamiento dictara la condena que deberá compurgar a partir del 26 de abril del 2024 cuando fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión.
La adolescente vivía un calvario al lado de su mamá, pero le contó lo ocurrido a un familiar y quien la ayudó y denunció el caso ante la autoridad ministerial.
El caso no ocurrió en una comunidad lejana, fue en la ciudad de Oaxaca y la adolescente llevaba cuatro años sufriendo el delito durante cuatro años.
La víctima se acercó a una persona de confianza cercana a su entorno, a quien contó la situación que sufría, lo que dio paso para realizar la denuncia penal ante la FGEO.
La investigación ministerial permitió establecer que la hoy sentenciada obtuvo beneficios económicos mediante la explotación sexual de la adolescente, conducta que se prolongó por al menos cuatro años hasta que la víctima logró denunciar los hechos ante las autoridades.
Derivado de la denuncia, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, realizó las indagatorias correspondientes con perspectiva de género y enfoque de protección integral de niñas, niños y adolescentes, logrando la detención de I.S.S., así como su vinculación a proceso y la obtención de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
Tras valorar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez de la causa dictó una sentencia condenatoria de 22 años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual por prostitución ajena agravada, además de imponer el pago por concepto de reparación del daño.
Esta resolución judicial representa un avance en el acceso a la justicia para la víctima y reafirma el compromiso institucional de combatir los delitos que atentan contra la libertad, la dignidad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
