Fidencio, habitante de San Felipe Jalapa de Díaz fue detenido por una riña entre comerciantes. Horas después de haber sido encarcelado por policías municipales, fue entregado muerto.
La versión de las autoridades fue que se suicidó. Su familia señala que fue víctima de tortura, pues encontraron marcas de botas en las paredes de la celda.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/017/RCP/(26)/OAX/2025 además de realizar una inspección en el lugar con defensores adjuntos.
Fidencio fue detenido el pasado fin de semana por una discusión que tuvo con otro comerciante. La situación fue reportada y al lugar llegaron elementos de seguridad municipal quienes lo arrestaron y trasladaron a la cárcel municipal.
Actualmente el municipio está dirigido por Ángel Terrero Olivera como presidente municipal electo bajó las siglas del partido Movimiento Ciudadano (MC) para el periodo 2025-2027.
Fue alrededor de las 21:00 horas cuando comunicaron a la familia de Fidencio que se encontraba sin vida en su celda debido a que se había suicidado.
Al acudir a levantar el cuerpo uno de sus familiares grabó al que en vida era su padre que ya se encontraba tendido en el piso.
En la grabación el hijo de Fidencio señala que era imposible que se hubiera suicidado y consideraba que había sido asesinado por elementos de la policía.
Mostró la imagen de una huella de una bota de policía sobre una pared y saliva debajo de la reja, para enseguida acusar que su padre fue ahorcado por los policías que se encontraban en la cárcel.
“Cómo se va a amarrar tan fácilmente él y se va a dejar caer y nadie se da cuenta porque aquí estaban todos los policías. Obviamente pusieron el pie, lo jalaron y lo mataron”, cuestionó en el video.
La familia de la víctima pidió una investigación exhaustiva y castigo para los policías municipales por la muerte de Fidencio.
Los casos de abuso policial en los municipios de Oaxaca son constantes. El asesinato de Diego Paz, un joven estudiante detenido y golpeado en un operativo alcoholímetro en Santa Lucía del Camino, fue uno de los casos que cimbró a la entidad el año pasado, pero no ha sido el único. De enero a marzo del año pasado sumaban 67 quejas iniciadas ante la DDHPO.
