Sus manos se doblaron al sentir la fuerza con la que su pareja sentimental le enviaba los golpes al rostro; ella trataba de protegerse a toda costa para que no quedaran huellas de las batallas en la que su cuerpo era vencido.
La pesadilla, que inició en el 2016, la ha seguido por varios meses, hasta que decidió denunciar el trato que le daba su expareja, el cual no le permitía siquiera ver a sus clientes, ya que ella, para mantenerse, atiende una pequeña fonda. “En esa fecha él me golpeó porque era muy celoso, no le gustaba como me vestía ni mucho menos me permitía ver a mis clientes”, dice Samantha (nombre falso).
Para que no lo hiciera, quemaba su ropa, le quebraba sus lentes y toda una infinidad de situaciones que la hicieron definitivamente denunciarlo.
La primera vez que la maltrató, la estaba ahorcando; por fortuna uno de sus familiares se percató de los hechos. “Levanté la denuncia correspondiente y permanecimos toda la noche en la agencia del Ministerio Público, para que al final saliera libre y sin ningún cargo, nunca me dieron un número de expediente”, afirma.
La segunda ocasión, los elementos de la Policía Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, lo detuvieron cuando se encontraban en el interior de un taxi foráneo de San Sebastián Etla, donde la estaba golpeando. “En esa población el presidente municipal salió a su favor y lo dejaron libre”, señala Samantha.
Un detenido por violencia familiar.
El 29 de abril de 2016 inició la demanda en contra de su expareja, donde hasta la fecha no ha obtenido resultados positivos, se ha percatado que la ley no es pareja para ella, ya que tanto el juez y los agentes del Ministerio Público, el secretario del Ministerio Público de la Villa de Etla, que han llevado su caso, solamente han apoyado a su agresor.
“Cuando a él lo detuvieron en febrero del 2017 la agente del Ministerio Público me dijo que no me fuera a parar a al agencia, que ella se comunicaría conmigo para decirme lo que tenía que hacer y al acercarme al Instituto Estatal de la Mujer, para decirles lo que me dijo la agente, me dijeron que estaba mal, que yo debí haber permanecido para declarar".
Criticó que el acompañamiento que dicen dar en el Centro de Justicia para las mujeres (Cejum) no es bueno. “Las trabajadoras argumentan que no tienen tiempo porque están llenas de trabajo ya que son muchas usuarias a las que atienden, y la verdad, no dan buen servicio, siempre están apuradas, no pueden atender a todas y como que no le dan mucha importancia a cada caso, nada más van porque les paga el gobierno del estado”.
Para ella, el demandado goza de más benéficos que la demandante. “Uno de ellos fue la suspensión del proceso, ya que en mi caso no me han dado sanidad definitiva por parte de un perito médico, porque hasta eso, la Fiscalía no cuenta con peritos médicos legistas, entonces, se da la dicha suspensión sin que yo esté sana, por no tener pruebas suficientes de que aún resiento una lesión en el cuello, la cual me provocó mi ex pareja”, añade.
Pocos son los hombres violentos que pagan con cárcel el maltrato a las mujeres.
Con tristeza dijo que él la hizo abortar, ya que estando embarazada la agarró a patadas, hasta que perdió al producto en su vientre.
Uno de los jueces que vio el caso, dispuso que su demandado le pagara la cantidad de diez mil pesos, de lo cual tenía que darle dos mil pesos mensuales, esto, desde el pasado mes de junio, sin embargo, solamente le han dado dos mil pesos, esto por reparación del daño.
“Nos dicen que demandemos, lo hice y ahora no nos hacen caso, el mío no es el único, existen mucho más, donde las mujeres que hemos sido violentadas no nos han hecho caso, porque según existen lesiones que no pasan de 14 días en sanar, las cuales, no las toman en cuenta, no se ponen en la pesadilla que pasamos durante todo ese tiempo, los golpes, humillaciones, los traumas”, asegura.
Y es que, después de ver que no había justicia para ella, no podía salir de su casa. “Me tuve que comprar pelucas, porque una ocasión me quiso echar el automóvil encima; cuando me acerque al Cejum, las abogadas me dijeron que ya no debía decir nada, porque él podría huir, pero no veo que en realidad resuelvan mi caso y la de otras mujeres, que al igual que yo, sufrimos de violencia familiar”, sentencia Samantha.
Solicitó a las autoridades correspondientes, que le hagan justicia a ella y otras mujeres que tienen que padecer del paso burocrático en sus vidas, para que, de nueva cuenta se tenga confianza en las autoridades de la Fiscalía General de Justicia.
