En las comunidades de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, donde este fin de semana se registró un enfrentamiento por cuestiones agrarias que dejó dos personas muertas, se han adquirido armas de grueso calibre y equipamientos tácticos para mantener su disputa por 1,600 hectáreas, aseveró el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
“Esperemos que en las próximas horas o días la Fiscalía dé a conocer con profundidad qué es lo que hemos encontrado. En todos los casos en donde ha habido detenciones de grupos radicales, de personas vinculadas a un cargo de autoridad agraria y ha habido violencia y muertos, se ha encontrado que hay una fuerte vinculación con el tráfico de armas de grueso calibre y con vendedores de equipamientos”, señaló.
Comentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió a realizar los levantamientos de los cuerpos y las necropsias respectivas. “Nadie debería morir, de verdad, por un enfrentamiento agrario; no debería haber enfrentamientos agrarios, puesto que la política que ha construido el gobernador Salomón Jara Cruz es de construcción de paz y diálogo, lo que ha permitido resolver más de 45 conflictos agrarios, y están en puerta varios más que, durante más de medio siglo, han costado vidas en Oaxaca”.
Señaló que las autoridades municipales, agrarias y algunos grupos radicales en determinados municipios —particularmente en estos dos— venían manteniendo una política de diálogo que se rompió. “En este conflicto se había acordado la medición del polígono que socialmente está en disputa, porque legalmente está resuelto a favor de Yosondúa, quien pidió el retorno de los desplazados de algunas agencias municipales, particularmente de Buenavista, y se convino la posibilidad de este retorno una vez medido el polígono”.
Añadió que, derivado de esto, Yolotepec argumentó que el desplazamiento —lo cual constituye un delito— fue una medida preventiva ante los ataques de Yosondúa; sin embargo, este municipio manifestó que goza de un amparo para que sus comunidades permanezcan en dicho polígono.
“Hemos tenido 16 mesas de diálogo, y la última ya no se concretó por la postura que tomaron ambas comunidades, pues Yosondúa exige el retorno de los desplazados y el respeto a todo su territorio, mientras que Yolotepec propone que se dé el retorno de los desplazados y se reparta el polígono en partes iguales. Advertimos que, si no se continuaba el diálogo, lo que seguía era la aplicación de la ley, y ahí están las consecuencias, con la detención por parte de la Fiscalía de los comisariados de ambas comunidades”.
