En Oaxaca, el 30 por ciento de los presos por robo reinciden en esta actividad, lo que podría representar alrededor de mil 396 personas, si se toma en cuenta que durante el 2018 la Fiscalía General del Estado inició cuatro mil 655 carpetas de investigación por robo en sus distintas variantes: casa-habitación, transeúntes y de negocios.
De acuerdo con el estudio "Sistema Postpenitenciario en México y el rol de los organismos protectores de Derechos Humanos", elaborado por Carla Angélica Gómez Macfarland para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el 60 por ciento de la población privada de la libertad con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de robo.
El documento manifiesta que los números de reincidencia delictiva constituyen evidencia de la existencia de áreas de oportunidad en cuanto a políticas de reinserción social de los liberados y, por lo tanto, el sistema postpenitenciario, su estudio y mejoras son prioritarios para disminuir la reincidencia delictiva y, además, lograr una readaptación social eficaz.
Destaca en ese sentido, que las personas egresadas de los centros penitenciarios, al recuperar su libertad, deben tener oportunidades para poder ser productivos y evitar nuevas violaciones a las leyes penales.
Por lo tanto, las actividades enfocadas a la reinserción social son primordiales para lograr que las personas tengan un plan de vida durante el tiempo de reclusión y para cuando logren recuperar su libertad.
El reporte también explica que un tratamiento penitenciario debe buscar la integralidad de la persona internada; es decir, incluir ejes de reinserción social como el trabajo y capacitación, la educación, la salud, actividades deportivas y de recreación.
“Es imprescindible que se recupere la confianza en ellos mismos y que se elimine -mediante información y concientización- el estigma social que los aqueja una vez que recuperan su libertad”.
Apunta que los actores que deben inmiscuirse en el sistema postpenitenciario son: autoridades responsables de la reinserción social, instituciones encargadas de la atención postpenitenciaria, organismos protectores de derechos humanos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil (nacionales e internacionales), sector empresarial, instituciones educativas (públicas y privadas), instituciones religiosas y la sociedad civil.
Además, el estudio asegura que las autoridades encargadas de la atención postpenitenciaria deben dar seguimiento efectivo a la vida y desarrollo de los egresados de las cárceles, mientras que los organismos de derechos humanos velarán por el derecho de reinserción y la no discriminación o segregación de este sector, debido a que ya cumplieron con su condena.
