En Oaxaca, el fortalecimiento del Estado de Derecho sigue siendo un tema pendiente. Las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a los oaxaqueños son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno.
Lo anterior lo demuestra el Índice de Estado de Derecho México 2018, desarrollado por la organización internacional World Justice Project (WJP).
Oaxaca se ubica en el lugar 16 a nivel nacional en el Índice, con una calificación de 0.39, el mismo que el promedio nacional; ninguna de las entidades federativas logró siquiera el 0.50, lo que habría significado la mitad de la calificación máxima, que es 1.
"El Estado de Derecho es reconocido internacionalmente como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible. Influye en aspectos esenciales de la vida cotidiana y ayuda a las sociedades a organizarse colectivamente", destaca el estudio.
El factor que más le duele a Oaxaca es el Gobierno Abierto, pues ocupa el lugar 29 a nivel nacional, pues la entidad muestra calificaciones muy bajas en participación ciudadana y en el derecho a la información pública.
Justicia Civil es otro de los puntos en los que la entidad esta mal posicionada respecto de los demás estados, ocupando el lugar 25, lo que refiere que la justicia es inasequible y con procesos burocráticos, además de que las personas no conocen sus derechos.
Congreso, corrupto
De acuerdo al Índice, en Ausencia de Corrupción Oaxaca se colocó en el lugar 20 a nivel nacional, sin embargo, el Poder Legislativo de la entidad, mostró una de las calificaciones más bajas, 0.23.
"La Ausencia de Corrupción mide si los funcionarios del poder legislativo se abstienen de solicitar y aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o el sentido de su voto en otras decisiones", indica la publicación.
Al Poder Ejecutivo tampoco le fue muy bien, pues su calificación fue de 0.32 en este factor, por 0.36 en las instituciones de seguridad y procuración de justicia y 0.44 en el Poder Judicial.
